La presidenta adelanta que el gobernador interino deberá concluir el periodo de Rocha Moya y que la FGR mantiene investigaciones abiertas.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el nuevo gobernador interino de Sinaloa deberá concluir el periodo de Rubén Rocha Moya, que finaliza en octubre de 2027, y adelantó que el mandatario con licencia no regresará al cargo . En su conferencia matutina, la mandataria señaló que corresponde al Congreso local, que sesiona este lunes, designar a la persona que gobernará el estado, y subrayó que no procede la desaparición de poderes . También reveló que no tuvo comunicación previa con Rocha Moya sobre su fallido regreso del viernes pasado, y reiteró que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones contra él y otros funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado .
El Congreso de Sinaloa deberá nombrar a un gobernador interino
La presidenta Sheinbaum explicó que el artículo 55 de la Constitución de Sinaloa establece que cuando el gobernador solicita licencia por tiempo indefinido, el Congreso local debe designar a un gobernador interino para que concluya el periodo constitucional . La mandataria insistió en que la persona que sea nombrada debe ser “una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere” . Aseveró que la decisión es exclusiva del Legislativo estatal, que se encuentra en funciones plenas, y que su gobierno respetará esa determinación.
La FGR mantiene las investigaciones abiertas
Sheinbaum reiteró que la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quienes están acusados de sostener vínculos con el narcotráfico . La presidenta precisó que, aunque la investigación sigue su curso, esto no implica una acusación judicial formal, ya que corresponde a la FGR determinar si existen elementos suficientes para acreditar alguna responsabilidad penal .
Un regreso fallido y una nueva licencia
La mandataria reveló que no tuvo conocimiento previo del anuncio de Rocha Moya el viernes pasado sobre su reincorporación, y que se enteró por la publicación del propio gobernador . Señaló que la decisión le pareció “no pertinente, por decir lo menos”, y que la Secretaría de Gobernación ya había emitido un comunicado deslindando al gobierno federal de esa determinación . Ante el rechazo social manifestado en protestas y la presión política, el gobernador con licencia revirtió su decisión y solicitó una nueva licencia, allanando el camino para que el Congreso nombre a un sustituto.
El caso de Sinaloa ha puesto a prueba los mecanismos institucionales para resolver crisis políticas. La decisión de la presidenta Sheinbaum de no intervenir en el nombramiento del gobernador interino ni considerar la desaparición de poderes, respeta la autonomía del Congreso local y refuerza el principio de federalismo. Sin embargo, la presión social y las investigaciones en curso exigen que el proceso se lleve a cabo con transparencia y que las autoridades actúen con apego a la ley. La designación de un nuevo gobernador interino representa una oportunidad para restaurar la gobernabilidad en Sinaloa y garantizar que las elecciones de 2027 se celebren en un clima de paz y legalidad.
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La investigación de La Jornada revela la infraestructura empresarial y política que el operador argentino mantiene en Florida con conexiones en Washington.
Una investigación de La Jornada, basada en documentos oficiales, revela la existencia de una compleja red de ultraderecha desde Estados Unidos articulada por el operador argentino Fernando Cerimedo [citation:13]. El empresario, detenido en Bolivia por tentativa de feminicidio [citation:3], construyó una base societaria en Miami y una red mediática transnacional con acceso privilegiado al poder político estadounidense, particularmente a figuras del entorno de Marco Rubio [citation:2][citation:14]. Su socio, el lobista Damián Merlo, ha sido el puente hacia el Congreso y el Departamento de Estado, gestionando campañas electorales y estrategias de comunicación para la nueva derecha latinoamericana, incluyendo a Javier Milei en Argentina y a Rodrigo Paz en Bolivia [citation:2][citation:4].
Infraestructura empresarial y mediática desde Miami
La investigación periodística documenta que Cerimedo registró en mayo de 2023 la empresa Numen Advisors LLC en North Miami, Florida [citation:13]. Esta base societaria operó en paralelo a su proyecto mediático “La Derecha Diario”, que posteriormente se asoció con el empresario español Javier Negre para adquirir la plataforma UHN Plus, dedicada a la difusión de desinformación, especialmente contra Cuba [citation:13]. Estos activos empresariales y mediáticos constituyen la retaguardia desde la cual el operador argentino proyectaba su influencia en las campañas electorales de la región [citation:1][citation:7].
Damián Merlo: el lobista que abrió las puertas de Washington
La pieza central de la red es Damián Merlo, socio de Cerimedo y propietario de Latin America Advisory Group (LAAG) en Miami. Documentos presentados bajo la Ley FARA (Foreign Agents Registration Act) ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que Merlo firmó un contrato en septiembre de 2023 con la empresa de Cerimedo para colaborar en la campaña presidencial de Javier Milei, ofreciendo servicios de relaciones públicas y acceso a medios, el Congreso y los principales centros de pensamiento de Washington [citation:2][citation:4]. Fue Merlo quien coordinó la entrevista de Milei con Tucker Carlson, que proyectó al candidato argentino ante la audiencia conservadora estadounidense [citation:2][citation:13].
Vínculos con el núcleo duro del Partido Republicano
El acceso de Merlo al poder político estadounidense no es reciente. Su trayectoria incluye haber sido oficial de programas del International Republican Institute (IRI) para México, Cuba y Brasil, y vicepresidente de Otto Reich Associates, firma vinculada a figuras clave del anticastrismo radical [citation:13]. Los documentos FARA también muestran reuniones documentadas de Merlo con figuras como la congresista María Elvira Salazar, el senador Marco Rubio, el enviado especial Mauricio Claver-Carone, y altos funcionarios del Departamento de Estado y Defensa durante la administración Trump [citation:13]. El 13 de enero de 2026, en un solo día, el lobista sostuvo reuniones con cuatro figuras del Departamento de Estado y con Joseph Humire, jefe de Asuntos de Seguridad de las Américas en el Pentágono [citation:13].
Una red transnacional al servicio de la ultraderecha
El caso Cerimedo, por tanto, trasciende su detención en Bolivia por el presunto ataque a su expareja, Nadia Beller [citation:1][citation:3][citation:5]. La investigación revela una infraestructura transnacional estable que conecta campañas electorales latinoamericanas con plataformas mediáticas y circuitos de lobby en Miami y Washington [citation:2][citation:7]. Cerimedo y Merlo han tejido relaciones que alcanzan a las más altas esferas del Partido Republicano, operando como un canal privilegiado para que la nueva derecha de la región acceda e influya en las estructuras de poder estadounidenses [citation:13][citation:14].
La investigación de La Jornada sobre las redes de Fernando Cerimedo desde Estados Unidos obliga a ampliar el foco más allá de la crónica roja de su arresto. El entramado empresarial y político revelado, con Miami como nodo articulador y Washington como centro de poder, muestra la existencia de una infraestructura de influencia que va más allá de un operador individual. Este caso plantea interrogantes sobre la injerencia de actores políticos extranjeros en la región, la financiación de campañas electorales y el papel de las plataformas mediáticas en la difusión de discursos políticos. La necesidad de transparencia y el fortalecimiento de la soberanía de los países latinoamericanos ante este tipo de redes se vuelve un tema central para la democracia regional.
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La presidenta cuestiona las actividades del dirigente del PRI en Estados Unidos y pide al INE revisar la legalidad de su presunto contrato con una consultora.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó al dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, como “traidor” y “entreguista” por sus actividades políticas en Estados Unidos [citation:1][citation:4]. Durante su conferencia matutina, la mandataria cuestionó que el líder priista pase más tiempo en el extranjero que en México, ofreciendo entrevistas y contratando servicios de una consultora estadounidense [citation:5][citation:6]. Sheinbaum señaló que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) revisar si el presunto contrato por 120 mil dólares mensuales con la firma Concord Hill Strategies viola las normas de financiamiento partidista [citation:9][citation:10]. La presidenta comparó esta postura con la de los conservadores del siglo XIX, que buscaban en el extranjero soluciones para gobernar México [citation:5][citation:8].
Una crítica al activismo internacional de Alejandro Moreno
La presidenta Sheinbaum inició su intervención cuestionando la estrategia del dirigente priista, quien, según sus palabras, “se la pasa más tiempo en otro país, hablando mal del gobierno mexicano y de México que en México” [citation:5][citation:6]. La mandataria sostuvo que este comportamiento refleja una postura “entreguista” que antepone intereses extranjeros a los nacionales [citation:4][citation:8]. “¿Qué es? Entreguista, traidor. No puedo llamarle de otra manera porque están entregados”, afirmó la presidenta [citation:3][citation:4].
La petición de revisión al INE por un presunto contrato millonario
El debate se intensificó tras revelarse que Alejandro Moreno habría contratado a la firma Concord Hill Strategies por 120 mil dólares mensuales para servicios de relaciones públicas en Estados Unidos [citation:6][citation:9]. Sheinbaum trasladó al INE la responsabilidad de investigar si este acuerdo viola las normas de financiamiento partidista [citation:9][citation:10]. “Primero el Instituto Nacional Electoral tendría que revisar si esto es legal o no”, señaló la presidenta, quien también cuestionó el origen de los recursos utilizados por el dirigente priista [citation:3][citation:9].
El contexto de las acusaciones: vínculos con políticos estadounidenses
La investigación periodística señala que la firma contratada por Moreno tiene vínculos con la congresista republicana María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de Estados Unidos [citation:6][citation:9]. Se ha señalado que Martina Maietto, directora de Relaciones Públicas de Concord Hill Strategies e hija de Salazar, sería la encargada de la cuenta del dirigente priista [citation:6][citation:9]. Este vínculo ha generado cuestionamientos sobre la posibilidad de que Moreno esté buscando influencia en el gobierno estadounidense para presionar a México [citation:6].
La comparación histórica y el contexto político en México
Sheinbaum comparó las acciones de Moreno con las de los conservadores mexicanos del siglo XIX, a quienes acusó de buscar en el extranjero soluciones para gobernar el país, como “traer a un príncipe, a un monarca a gobernar a México” [citation:5][citation:8]. La presidenta también afirmó que, pese al aparente distanciamiento entre el PRI y el PAN, desde su perspectiva “son lo mismo, son el PRIAN, no hay diferencia entre uno y entre otro” [citation:5][citation:11]. Asimismo, sostuvo que estos partidos “se han quedado muy solos” en México y por eso recurren al extranjero [citation:4][citation:7].
El enfrentamiento entre la presidenta Sheinbaum y el dirigente del PRI trasciende el plano personal y coloca en el centro del debate público la soberanía nacional y el papel de los partidos políticos mexicanos en el extranjero. Más allá de la calificación de “traidor” y “entreguista”, la petición de revisión al INE abre una discusión sobre los límites legales y éticos del activismo político internacional. En un contexto de tensión política y polarización, este caso subraya la necesidad de que las instituciones actúen con transparencia y apego a la ley, para que cualquier controversia se resuelva con base en pruebas y no en condenas mediáticas.
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La plataforma Educación Superior 2026 concentra espacios en 13 áreas de estudio para jóvenes que no hayan sido admitidos en la UNAM.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó la plataforma Educación Superior 2026 para ofrecer 37,503 espacios disponibles en instituciones públicas a jóvenes que no hayan sido admitidos en la UNAM [citation:5][citation:3]. El secretario Mario Delgado informó que el portal permitirá buscar por institución, carrera, área de interés y ubicación geográfica. El gobierno federal ha creado 245,111 nuevos espacios en educación superior entre 2024 y 2026 [citation:3], con un crecimiento destacado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (52,397), el Tecnológico Nacional de México (38,801) y las Universidades Públicas Estatales (68,297). La plataforma estará disponible a partir del 25 de agosto de 2026.
Una respuesta para quienes no fueron admitidos en la UNAM
La plataforma Educación Superior 2026 surge como una alternativa para los jóvenes que no logren un lugar en la UNAM, cuyos resultados se publicarán el 30 de agosto [citation:5]. La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que el gobierno mantiene una política de acceso universal a la educación superior, bajo la premisa de que toda persona que concluya el bachillerato debe tener derecho a continuar sus estudios [citation:5]. Del total de espacios, 18,674 son presenciales y 18,829 corresponden a modalidades virtuales o híbridas.
Distribución de los espacios disponibles
Las instituciones con mayor oferta de lugares son: la Universidad Nacional Rosario Castellanos con 10,000 espacios [citation:3][citation:2]; el Tecnológico Nacional de México con 8,060; las Universidades Tecnológicas y Politécnicas con 7,487; la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) con 5,120; y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con 4,292 [citation:3]. También se incluyen espacios en la UACM, UAEMéx, UATx, UPN, UAEM y la UAM [citation:3]. La Universidad Rosario Castellanos, recientemente convertida en institución nacional, amplía su oferta a más regiones del país [citation:4].
Áreas de estudio con mayor demanda
Las áreas con más lugares disponibles incluyen: Planes Multidisciplinarios o Generales del Campo de Humanidades (3,000), Derecho (2,898), Administración de Empresas (2,542), Ciencias Políticas (2,513), Ingeniería Industrial (2,109) y Telecomunicaciones (2,065). También hay espacios en Informática, Desarrollo de Software, Bioquímica, Industria de la Alimentación, Negocios y Comercio, entre otras [citation:3][citation:5].
Crecimiento de la matrícula pública: 245,111 nuevos espacios
Entre 2024 y 2026, el gobierno federal ha generado 245,111 nuevos espacios en educación superior, con un esfuerzo conjunto del IPN, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, el TecNM y otras instituciones [citation:3]. Las Universidades Públicas Estatales (UPES y UPEAS) sumaron 68,297 espacios; las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, 41,795; y las Universidades Públicas Federales, 16,347. También se crearon espacios en Universidades Interculturales, Centros Públicos de Investigación y Normales Públicas.
La plataforma Educación Superior 2026 representa un paso significativo hacia la democratización del acceso a la educación en México. Al ofrecer información clara y accesible sobre los espacios disponibles, el gobierno federal no solo responde a las necesidades inmediatas de los jóvenes, sino que también sienta las bases para una política de inclusión educativa de largo plazo. La apuesta por ampliar la cobertura en modalidades presenciales, virtuales e híbridas refleja una visión moderna y flexible de la educación superior, que reconoce la diversidad de contextos y necesidades de los estudiantes.
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Con una convocatoria que desbordó las expectativas, la senadora con licencia Julieta Ramírez encabezó el domingo 23 de agosto una manifestación “por la soberanía de Baja California” que reunió a más de 10 mil personas frente al monumento a Lázaro Cárdenas en Mexicali. El evento contó con el respaldo de figuras de Morena, pero no estuvo exento de controversia. La elección del punto de reunión, a las afueras de la vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), provocó un cruce con el rector, quien exigió respeto a la autonomía universitaria. Ramírez aseguró que su movimiento se alinea con la defensa de la Cuarta Transformación, “con los pies en la tierra”. Fuente: La Jornada.
Puntos clave
Convocatoria: más de 10 mil personas se reunieron en Mexicali.
Respaldo político: acudieron alcaldesas y diputaciones locales de Morena.
Tensión institucional: la UABC exigió respeto a su autonomía.
Contexto electoral: la movilización ocurre rumbo a las definiciones de 2027.
¿Un llamado a la soberanía o el inicio de la ruta hacia 2027?
Julieta Ramírez, quien recientemente solicitó licencia como senadora para enfocarse en sus aspiraciones políticas en Baja California, utilizó la movilización como plataforma para lanzar un mensaje contundente: “En las calles lo sienten, las encuestas lo confirman, muy pronto estaremos asumiendo la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación y la soberanía nacional en Baja California”.
La manifestación inició después de las seis de la tarde por el bulevar Benito Juárez y duró aproximadamente media hora. Culminó con un discurso en el que la morenista delineó los ejes de su proyecto político: soberanía, defensa del territorio y continuidad de la transformación.
El acto ocurrió meses antes del comienzo de los procesos internos de Morena para definir candidaturas a la gubernatura de Baja California en 2027. La presencia de alcaldesas y legisladores locales evidenció un respaldo institucional que busca consolidar a Ramírez como una figura relevante del partido en la entidad.
Suscribimos lo que dijo la presidenta: los intereses personales de nadie pueden estar por encima del movimiento.
El roce con la UABC: autonomía y activismo político
La convocatoria generó un breve, pero significativo, roce con la Universidad Autónoma de Baja California. El rector de la UABC emitió un comunicado en el que exigió respeto a su autonomía, pues el punto de reunión inicial se ubicaba a las afueras del edificio de la vicerrectoría.
Ramírez respondió que “nosotros somos muy respetuosos de la autonomía universitaria” y reiteró que el sitio solo se utilizó como punto de referencia. Sin embargo, el incidente mostró las tensiones que pueden surgir entre el activismo político y las instituciones académicas.
El llamado de la universidad recordó que sus espacios deben preservar la neutralidad institucional. La rápida respuesta de Ramírez buscó desactivar la controversia, aunque el episodio dejó sobre la mesa los límites que debe observar la actividad política en el entorno académico.
El factor Rocha Moya: disciplina partidista y silencio estratégico
Cuestionada sobre la situación del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, Ramírez se limitó a señalar que suscribía la postura de la presidenta y que los intereses personales no pueden colocarse por encima del movimiento.
Con esa declaración, la senadora con licencia se alineó con la postura institucional de Morena y evitó profundizar en el caso. Su respuesta reflejó una estrategia enfocada en mantener la unidad del movimiento en un momento de alta exposición mediática.
Alcaldesas y diputaciones respaldan la movilización
Durante la caminata y el mensaje, Ramírez estuvo acompañada por un grupo de servidores públicos emanados de Morena. Entre los asistentes destacaron los diputados locales Araceli Geraldo, Jaime Cantón, Evelyn Sánchez, Michelle Sánchez y Diego Arregui, así como las alcaldesas Norma Bustamante, de Mexicali, y Miriam Cano, de San Quintín.
La presencia de estas figuras refleja el respaldo político con el que cuenta la senadora con licencia en el estado. La coordinación entre autoridades municipales y representantes del Congreso local apunta a una estrategia más amplia para posicionarla dentro de la sucesión de 2027.
Perspectiva editorial
La sucesión ya comenzó a moverse en la frontera norte
La manifestación encabezada por Julieta Ramírez en Mexicali funciona como un termómetro de la efervescencia política en Baja California. La senadora con licencia logró convocar a miles de personas y reunir a figuras relevantes del partido, pero también generó un roce con la comunidad universitaria.
El respeto a la autonomía de instituciones como la UABC y la claridad de las posturas políticas serán fundamentales para construir puentes de diálogo. En un escenario de definiciones rumbo a 2027, la capacidad para conciliar el activismo con el respeto institucional puede marcar la diferencia entre un liderazgo sólido y uno cuestionado.
La movilización no fue solo una muestra de fuerza; también dejó un mensaje: la sucesión en Baja California está en marcha y los liderazgos ya comenzaron a medir su capacidad de convocatoria.
La presidenta Sheinbaum supervisa la construcción de la Línea 4 del Cablebús Tlalpan-Coyoacán, que reducirá tiempos de traslado y beneficiará a más de 155 mil personas.
La Línea 4 del Cablebús registra un avance del 20% y se prevé que esté concluida en diciembre de 2027, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido de supervisión por la estación Universidad (Comunicado oficial). El proyecto, que conectará las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, representa una apuesta por la justicia social y la movilidad sostenible en la capital. Con una inversión superior a los 4 mil 700 millones de pesos, esta nueva línea reducirá a la mitad los tiempos de traslado, con un recorrido de 40 minutos y nueve estaciones que beneficiarán a estudiantes, trabajadores y habitantes de 44 colonias.
Una obra con visión de justicia social y movilidad incluyente
Durante la supervisión, la presidenta Sheinbaum destacó que el Cablebús no solo es un medio de transporte eficiente, sino también un instrumento de justicia social, ya que está pensado para quienes menos tienen (Fuente). Subrayó que este tipo de proyectos reflejan una visión compartida para la ciudad y el país: brindar el mejor transporte a las comunidades más vulnerables.
“El Cablebús es un ejemplo de cómo la inversión pública con enfoque social puede transformar la vida de las personas.” — Claudia Sheinbaum
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, agradeció el respaldo federal y señaló que actualmente las tres líneas existentes del Cablebús realizan 40 millones de viajes, lo que demuestra la aceptación y utilidad de este sistema (Sistema Cablebús CDMX).
Características técnicas y beneficios para la movilidad
La Línea 4 del Cablebús tendrá una longitud de 11.4 kilómetros, con más de 70 postes y nueve estaciones:
Universidad
Cantera
Perisur
Vasco de Quiroga
Campo Xóchitl
Ceforma
Deportivo Independencia
Cultura Maya
Pedregal de San Nicolás
Contará con casi 400 cabinas para prestar servicio a 65 mil pasajeros, con potencial para atender a más de 155 mil habitantes de 44 colonias (Secretaría de Movilidad). El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, detalló que el recorrido completo se realizará en 40 minutos, reduciendo a la mitad el tiempo actual de traslado.
Avances en estudios y diseño arquitectónico
El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó que la mayoría de los estudios de factibilidad ya están concluidos al 100%, incluyendo los hidrológicos, de mecánica de suelo, geofísicos y ambientales, mientras que los de impacto urbano y protección civil registran un 95% de avance. Por su parte, la arquitecta Tatiana Bilbao explicó que el diseño busca formar un eje de confluencia social, generar oportunidades desde los espacios públicos y conectar la línea con parques urbanos y las Utopías (Programa Utopías).
Un proyecto que transforma la movilidad en el sur de la ciudad
La Línea 4 del Cablebús beneficiará especialmente a estudiantes de Ciudad Universitaria que viven en Tlalpan, Coyoacán y Cantera, facilitando su llegada a la universidad. La presidenta Sheinbaum recordó que el Cablebús es un proyecto de movilidad que reduce tiempos de traslado, es seguro y ayuda a visibilizar la ciudad, y destacó la visión de la jefa de Gobierno al impulsar esta nueva ruta (El Universal).
“El Cablebús es una opción segura, eficiente y con enfoque humano. Seguiremos apostando por el transporte público de calidad.” — Clara Brugada
La supervisión de la Línea 4 del Cablebús refleja el compromiso de los gobiernos federal y capitalino por construir infraestructura de movilidad con un claro enfoque social. Al priorizar a las comunidades con menos recursos y reducir los tiempos de traslado, este proyecto no solo mejora la calidad de vida de miles de personas, sino que también sienta las bases para una ciudad más incluyente y sostenible. La inversión en transporte público de calidad es un pilar fundamental para el desarrollo urbano y la prosperidad compartida.
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Ante señalamientos de un exfuncionario de la DEA, el gobierno mexicano defiende la soberanía judicial y llama a resolver con pruebas y debido proceso.
El caso Rocha Moya ha generado un nuevo debate sobre los límites entre la justicia mexicana y las presiones externas, luego de que un exadministrador interino de la DEA, Derek Maltz, pidiera en redes sociales la detención y extradición del gobernador de Sinaloa . Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reafirmó que cualquier funcionario puede ser investigado cuando existan denuncias formales, pero que toda colaboración internacional debe realizarse con respeto a la soberanía y las leyes mexicanas . El llamado es claro: el caso debe resolverse con investigaciones serias, pruebas verificables y debido proceso, sin impunidad ni presiones foráneas .
Los señalamientos de la DEA y la respuesta del gobierno mexicano
Derek Maltz, quien fungió como administrador interino de la DEA, escribió en sus redes sociales que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “debe rendir cuentas por sus acciones” y ha sugerido su detención y traslado a Estados Unidos. La postura del Gobierno de México, expresada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha sido clara: cualquier funcionario público puede ser investigado cuando exista una denuncia o carpeta de investigación abierta, sin importar su partido o filiación política . Sin embargo, también ha subrayado que cualquier colaboración con autoridades de otros países debe darse mediante los mecanismos legales correspondientes y con pleno respeto a la soberanía nacional .
El deslinde de Morena y el contexto político del caso Rocha
El caso Rocha Moya adquiere una dimensión política inédita, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena se deslindara públicamente de la decisión del gobernador de reincorporarse a su cargo. El partido calificó el regreso como una decisión “estrictamente personal” y afirmó que respetará el debido proceso y las investigaciones de la Fiscalía General de la República . Este posicionamiento refleja la complejidad del caso y la necesidad de que las instituciones actúen con independencia, sin que las presiones políticas o extranjeras determinen el curso de las investigaciones.
La posición de la Secretaría de Seguridad: investigaciones con soberanía
El secretario García Harfuch ha insistido en que el gobierno mexicano no tolerará actos de impunidad, pero tampoco cederá ante presiones externas. En sus declaraciones más recientes, ha señalado que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas las investigaciones y que cualquier resolución deberá basarse en pruebas y en el marco legal vigente . Esta postura busca equilibrar la necesidad de justicia con el respeto a la autodeterminación del país, en un contexto donde las acusaciones internacionales han puesto a prueba la capacidad de las instituciones mexicanas.
El llamado final: pruebas y derecho, no condenas mediáticas
El artículo de El Soberano concluye con una reflexión central: el caso Rocha debe esclarecerse en México con investigaciones serias, pruebas verificables y debido proceso. Si existen responsabilidades, deberán determinarse y sancionarse conforme a derecho; si no existen pruebas suficientes, tampoco puede imponerse una condena política o mediática . La frase “ni impunidad ni presiones extranjeras” condensa la posición de quienes defienden que la justicia debe actuar sin influencias externas, pero también sin contemplaciones para quienes hayan cometido delitos.
El caso Rocha Moya se ha convertido en un termómetro de la solidez institucional de México ante presiones internacionales. La respuesta del gobierno federal, al defender la soberanía judicial sin caer en la impunidad, envía un mensaje de madurez democrática. El reto ahora es que las investigaciones avancen con transparencia y rapidez, para que la verdad y la justicia prevalezcan por encima de cualquier interés político o externo. La credibilidad del Estado de derecho depende de que los casos de esta naturaleza se resuelvan con rigor, imparcialidad y respeto a las leyes que rigen al país.
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Jóvenes de pueblos originarios y afromexicanos participan en el Primer Parlamento Nacional, denominado “México-Tenochtitlan”, para construir acuerdos legislativos.
El Parlamento Nacional de Juventudes Indígenas y Afrodescendientes se instaló por primera vez en el Senado de la República, en un ejercicio democrático que reunió a jóvenes de diversas comunidades del país[reference:15]. Bajo el nombre de “Parlamento México-Tenochtitlan”, las y los participantes debatieron y construyeron acuerdos sobre las problemáticas que afectan sus entornos[reference:16]. La senadora Sandra Simey Olvera Bautista, secretaria de la Mesa Directiva, destacó que “cuando el pueblo llega a los espacios donde se toman las decisiones, la democracia se hace más grande”[reference:17]. El encuentro representa un avance en la inclusión de las voces de las juventudes indígenas y afromexicanas en la vida política del país.
Un espacio inédito para las juventudes en el Senado
El Primer Parlamento Nacional de Juventudes Indígenas y Afrodescendientes, celebrado el 21 de agosto de 2026, marcó un hito en la historia legislativa de México[reference:18][reference:19]. Por primera vez, jóvenes de pueblos originarios y afromexicanos ocuparon la tribuna del Senado para presentar propuestas y debatir sobre los temas que impactan a sus comunidades[reference:20]. La senadora Simey Olvera destacó la importancia de que las juventudes ocupen los espacios donde se toman decisiones y participen activamente en la vida política del país[reference:21].
“México-Tenochtitlan”: un parlamento con identidad
El encuentro fue denominado “Parlamento México-Tenochtitlan” como un reconocimiento a las raíces históricas y culturales de México[reference:22]. Durante las sesiones, los jóvenes legisladores abordaron temas como la preservación de saberes tradicionales, el reconocimiento de la diversidad cultural y la defensa de sus territorios[reference:23]. Rubén Orozco Gómez, presidente del Parlamento, subrayó que “estos lugares no estaban abiertos para nosotros, por eso hoy debemos tomarlos y aprovecharlos”[reference:24], en un llamado a la participación activa de las juventudes en la toma de decisiones.
Voces que reclaman justicia y reconocimiento
Aru Balchamin Flores Mercado, presidente del Proyecto por el Desarrollo Nacional, advirtió que el futuro no debe construirse bajo la lógica de despojo disfrazada de desarrollo o modernización, y llamó a regresar a las lenguas y formas de respeto con la tierra[reference:25]. Por su parte, Pablo Andrés Hernández Meza, secretario de Academia Parlamentaria, resaltó que México es grande gracias a sus culturas originarias, y que sus lenguas y tradiciones son el tesoro de la patria[reference:26].
Orgullo e historia como motor de cambio
Olivia Otilio Garduño, integrante del Parlamento, señaló que una de las enseñanzas más importantes de este ejercicio es “conocer nuestra historia y sentir orgullo por ella”[reference:27]. La senadora Simey Olvera invitó a las y los jóvenes a subir a tribuna, asumirse como legisladores y defender con orgullo sus comunidades, lenguas, raíces e identidad[reference:28][reference:29]. Este parlamento sienta las bases para que las juventudes indígenas y afromexicanas continúen participando en la construcción de un México más inclusivo.
La instalación del Parlamento Nacional de Juventudes Indígenas y Afrodescendientes en el Senado de la República representa un paso significativo hacia la democratización de los espacios de poder. Al abrir sus puertas a las voces de los pueblos originarios y afromexicanos, el legislativo reconoce que la diversidad cultural es un pilar fundamental de la nación. Este ejercicio de participación ciudadana, más allá de lo simbólico, sienta las bases para que las juventudes continúen incidiendo en las políticas públicas que afectan sus territorios y comunidades.
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Con 5 mil asistentes y 400 prototipos, la tercera edición de InnovaFest en Querétaro conecta a emprendedores con fondos de inversión y premia la innovación.
El InnovaFest Querétaro 2026 se consolidó como el principal punto de encuentro para el ecosistema de innovación en México. Organizado por la Secretaría de Economía, el evento reunió a más de 5 mil asistentes, 700 expositores y 400 prototipos en el Querétaro Centro de Congresos[reference:12][reference:13]. Durante la jornada, se entregaron reconocimientos por 3.2 millones de pesos a través del Premio a la Innovación Mexicana[reference:14]. Como parte del evento, se llevó a cabo el concurso Mentes en Acción, donde cinco proyectos innovadores —en áreas como biotecnología, manufactura avanzada, inteligencia artificial y sostenibilidad— presentaron sus soluciones ante un panel de inversionistas y líderes del sector[reference:15].
InnovaFest: una plataforma que transforma ideas en realidad
Impulsado por la Secretaría de Economía, InnovaFest es un movimiento nacional que identifica, visibiliza y conecta proyectos innovadores con aliados estratégicos, industria e inversión[reference:16]. La edición Querétaro 2026, inaugurada por el secretario Marcelo Ebrard, ofreció conferencias magistrales, paneles, talleres especializados y espacios de mentoría[reference:17]. El secretario Ebrard subrayó: “No se podría pensar en que nuestro país logre lo que nos hemos propuesto… si no logramos aumentar nuestra innovación”[reference:18].
Mentes en Acción: cinco proyectos que marcan el futuro
El concurso Mentes en Acción seleccionó cinco proyectos de alto impacto:
Monte Caldera: plataforma de IA para descubrimiento de materiales sostenibles, 30 veces más rápida y con 95% menos emisiones.
Va-Nano: sustratos agrícolas de alto desempeño a partir de residuos agroindustriales.
Harthad: sensores inteligentes con IA para mantenimiento predictivo.
Radii: plataforma de manufactura impulsada por IA que conecta empresas con fabricantes certificados.
Isla Urbana: sistemas de captación de lluvia para escuelas y comunidades vulnerables, con más de 46,200 sistemas instalados que benefician a cerca de 1 millón de usuarios.
Un ecosistema que fortalece la innovación nacional
InnovaFest forma parte del Ecosistema de Innovación e Integridad de México (ECOIIN), una comunidad que integra talento, proyectos y organizaciones para generar soluciones de alto impacto[reference:19]. Con presencia en Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Mérida y Morelos, el movimiento busca proyectar la innovación mexicana a nivel nacional e internacional[reference:20]. La colaboración con empresas como NVIDIA, Meta, Amazon Web Services y KIO, así como con universidades como la Anáhuac y el Tec de Monterrey, refuerza el ecosistema[reference:21].
El InnovaFest Querétaro 2026 demuestra que México cuenta con el talento y las herramientas para competir a nivel mundial en innovación[reference:22]. Al conectar a emprendedores con inversión y mentoría, este tipo de iniciativas no solo impulsan proyectos concretos, sino que sientan las bases para un desarrollo económico basado en el conocimiento y la sostenibilidad. La apuesta por la innovación es, sin duda, un pilar fundamental para la prosperidad compartida del país.
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Miguel Cantero plantea crear una infraestructura digital nacional con servidores en México, protección estratégica, transparencia algorítmica y datos bajo control de los ciudadanos.
Oxígeno Puro MX
Ciudad de México
Ciudad de México.— México debe avanzar hacia un modelo de redes sociales más humanas, transparentes y soberanas, con infraestructura tecnológica propia y mecanismos que devuelvan a las personas el control sobre sus datos, planteó Miguel Cantero, director de Oxígeno Puro MX, durante su participación en un foro realizado en la Cámara de Diputados.
La propuesta parte de una premisa central: la soberanía nacional también debe extenderse al espacio digital, en un momento en que buena parte de la conversación pública, los datos personales y los algoritmos que determinan qué contenidos observan millones de mexicanos dependen de plataformas privadas extranjeras.
Durante su intervención, Cantero propuso que México desarrolle servidores nacionales y una infraestructura tecnológica soberana que permita reducir la dependencia de sistemas alojados fuera del país.
“Que los datos sean de las personas”.
El planteamiento busca que los usuarios puedan decidir de manera clara cuándo autorizan el uso comercial o institucional de su información, sin depender de extensos términos y condiciones difíciles de comprender.
Una red social mexicana
Uno de los planteamientos centrales consiste en abrir la discusión sobre la creación de una red social pública mexicana, concebida no como una plataforma de propaganda gubernamental, sino como una infraestructura digital nacional para la interacción entre ciudadanos, instituciones y sector privado.
El proyecto buscaría funcionar bajo principios de pluralidad, protección de datos, transparencia y libertad de expresión, con reglas públicas que impidan que el control tecnológico de la plataforma se traduzca en control sobre las opiniones de sus usuarios.
La propuesta considera además que los ciudadanos conserven la titularidad de su información y puedan decidir qué datos comparten, con quién y para qué finalidad.
El concepto apunta a desarrollar una especie de bóveda digital personal, mediante la cual cada usuario pudiera autorizar determinados accesos sin entregar de manera indiscriminada toda su información.
Servidores nacionales y protección estratégica
Cantero planteó también que la infraestructura crítica utilizada para este nuevo ecosistema digital se encuentre físicamente en México.
Dentro de la propuesta se contempla que determinados centros de datos puedan contar con protección estratégica del Estado e incluso resguardo físico en instalaciones federales de alta seguridad.
La eventual participación de las Fuerzas Armadas estaría enfocada en la protección física y estratégica de infraestructura crítica, mientras que cualquier acceso a los datos tendría que permanecer sujeto a controles civiles, jurídicos, constitucionales y tecnológicos.
Gobierno, empresas y ciudadanos
Otro componente plantea crear una arquitectura mediante la cual gobierno, iniciativa privada y ciudadanos puedan compartir determinados datos bajo estándares comunes, consentimiento verificable y rectoría del Estado.
La iniciativa privada tendría un papel relevante en el desarrollo de aplicaciones, inteligencia artificial, servicios digitales y nuevas soluciones tecnológicas, mientras que el Estado establecería las reglas necesarias para garantizar competencia, seguridad, soberanía y protección de derechos.
La rectoría estatal, bajo esta visión, no implicaría que el gobierno fuera propietario de la información personal, sino que tendría la responsabilidad de establecer un marco en el que los derechos ciudadanos prevalezcan sobre los intereses tecnológicos o comerciales.
Blockchain para auditar, no para controlar
La propuesta contempla también el uso de tecnologías criptográficas y blockchain para garantizar integridad, trazabilidad y mecanismos de auditoría.
La tecnología podría utilizarse para dejar constancia de autorizaciones, accesos o movimientos de información y permitir verificaciones sin necesidad de almacenar permanentemente datos personales sensibles dentro de una cadena de bloques.
El objetivo sería fortalecer la confianza de los ciudadanos mediante sistemas capaces de registrar cuándo una autorización existió, cuándo se produjo un acceso y si determinado documento o registro fue modificado.
Combate a las granjas de bots
La iniciativa incorpora además uno de los mayores desafíos de las redes sociales contemporáneas: las granjas de bots y las campañas coordinadas mediante cuentas falsas.
El modelo buscaría diferenciar claramente entre personas y sistemas automatizados.
Los bots legítimos utilizados, por ejemplo, para información sísmica, meteorológica, vial o de servicios públicos podrían continuar funcionando, pero tendrían que identificarse claramente como cuentas automatizadas.
En contraste, las redes creadas para simular respaldo ciudadano, alterar artificialmente tendencias o multiplicar determinadas narrativas podrían ser detectadas y limitadas.
Una persona debería valer por su participación y sus argumentos, no por su capacidad para operar diez mil identidades artificiales.
El objetivo no sería eliminar el anonimato ni los pseudónimos, sino impedir que estructuras automatizadas puedan hacerse pasar masivamente por ciudadanos reales.
Algoritmos más transparentes
La propuesta abre también el debate sobre quién decide lo que observan los usuarios.
Actualmente, buena parte de la información que aparece en las plataformas digitales depende de algoritmos diseñados y modificados por empresas privadas.
Una red mexicana podría permitir que cada persona elija cómo quiere organizar su contenido: cronológicamente, por temas, mediante recomendaciones personalizadas o a partir de modelos comunitarios.
También podría incorporar mecanismos de auditoría y transparencia para conocer los principios generales bajo los cuales determinados contenidos son recomendados, amplificados o reducidos en alcance.
Hacia una soberanía digital mexicana
El planteamiento no busca sustituir ni prohibir plataformas como Facebook, Instagram, TikTok, X o YouTube.
La propuesta consiste en que México cuente también con una alternativa tecnológica propia, capaz de operar infraestructura estratégica, proteger información y establecer reglas acordes con su legislación.
Durante décadas, la soberanía estuvo relacionada principalmente con territorio, recursos naturales, energía y telecomunicaciones.
La expansión de la inteligencia artificial, los centros de datos y las plataformas digitales abre ahora una nueva discusión: si los datos y los algoritmos se han convertido en recursos estratégicos, México también debe desarrollar capacidades propias para protegerlos.
México necesita redes más humanas porque detrás de cada cuenta debe volver a importar una persona; y necesita redes más soberanas porque detrás de cada dato debe existir un derecho.
