La automotriz surcoreana producirá el SUV EV3 en Pesquería, el primero de su tipo en México. Generará 1,500 empleos directos a 2030 y fortalecerá su planta con energía solar y reciclaje de agua.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el anuncio de una inversión histórica de 649 millones de dólares por parte de Kia México para la producción de su primer vehículo eléctrico en el país[1]. El anuncio, realizado en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”[2], confirma que la planta de la empresa en Pesquería, Nuevo León, iniciará la producción del SUV KIA EV3 el próximo 4 de agosto[3], una línea que actualmente solo se produce en Corea[4]. El presidente de Kia México, Andy Kim, destacó que esta es la inversión más grande de la automotriz desde 2016, cuando inició operaciones en el país[5]. Se generarán 500 nuevos empleos directos en 2026 y 1,500 a 2030[6].
Una apuesta por la electromovilidad en México
La inversión de Kia marca un hito en la estrategia de la empresa para posicionarse en el mercado de vehículos eléctricos en América del Norte[7]. La producción del SUV EV3 en México representa la primera vez que Kia fabricará un vehículo eléctrico fuera de Corea[8]. La armadora surcoreana ha confiado en México como destino para esta línea de producción, a pesar del contexto comercial y las presiones arancelarias[9]. Más de 260 millones de dólares de la inversión total se destinarán específicamente a la producción del EV3[10].
Generación de empleos y desarrollo regional
La inversión generará 500 nuevos empleos directos durante 2026 y 1,500 empleos directos adicionales hacia 2030[11]. Desde su llegada a México en 2016, Kia ha generado más de 80 mil empleos directos e indirectos[12]. La expansión de la planta de Pesquería, Nuevo León, consolida a la entidad como uno de los polos automotrices más importantes del país, atrayendo inversiones y fortaleciendo la cadena de suministro regional[13].
Sustentabilidad como eje de la inversión
Además de la producción del vehículo eléctrico, la inversión de Kia contempla la ampliación de su parque de energía solar y la planta recicladora de agua en Nuevo León[14]. Estas acciones refuerzan el compromiso de la empresa con la sustentabilidad y la eficiencia energética, alineándose con las políticas de transición energética y cuidado del medio ambiente impulsadas por el gobierno federal[15].
Contenido nacional y proveeduría local
El vehículo contará con un contenido nacional del 26.54 por ciento[16], un indicador que se espera aumentar a medida que la proveeduría local se consolide[17]. La Secretaría de Economía ha señalado que la inversión de Kia es un reflejo de la confianza en el mercado mexicano y de la capacidad del país para integrarse a las cadenas globales de valor en el sector automotriz.
Cierre editorial
El anuncio de la inversión de Kia en México es una señal contundente de la confianza en el país como destino de inversión para la electromovilidad. La decisión de producir el SUV EV3 en Pesquería, Nuevo León, no solo genera empleos y desarrollo regional, sino que posiciona a México como un jugador clave en la transición hacia vehículos eléctricos en América Latina. La apuesta de Kia por la sustentabilidad, con inversiones en energía solar y reciclaje de agua, refleja un compromiso con un futuro más verde. México se consolida como un centro de manufactura avanzada y un aliado estratégico para las empresas que buscan innovar y crecer en la región.
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El Plan Kukulkán cerró con éxito su misión: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia de entrega de reconocimientos al personal que integró este operativo de seguridad implementado durante la Copa Mundial FIFA 2026. El evento, realizado en la Plataforma del Centro Estratégico Militar de Acopio de Santa Lucía, sirvió para agradecer a las más de 124 mil 500 personas de diversas instituciones que garantizaron la seguridad en la justa deportiva. La mandataria destacó que el éxito del Mundial demuestra que cuando México trabaja unido no hay desafío que no pueda enfrentar, y subrayó que la organización permitió mostrar al mundo el verdadero rostro del país: una nación en paz, alegre y hospitalaria.
Plan Kukulkán: un operativo sin precedentes de seguridad
El Gobierno de México movilizó mediante el Plan Kukulkán a 124 mil 500 elementos del Gabinete de Seguridad, dependencias federales, así como gobiernos estatales y municipales. Participaron 20 mil 734 elementos del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional. El operativo contó con 1,474 vehículos, 25 aeronaves, 150 canes especializados en detección de explosivos y enervantes, 150 caballos para protección y disuasión, así como radares, sistemas anti-drones y detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nucleares y explosivos. Se realizaron 280 operaciones en estadios y Fan Fest, y se establecieron 23 frentes estratégicos.
Reconocimiento a la coordinación interinstitucional
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acompañaron a la Presidenta en la ceremonia. Sheinbaum agradeció a todas las instituciones participantes, incluyendo las Secretarías de Defensa, Marina, Seguridad, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, Protección Civil, y a los gobiernos de los estados sede: Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, así como Hidalgo, Quintana Roo y Baja California.
Impacto económico y social del Mundial
La coordinadora de los Trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barrón, informó que México albergó 13 partidos y recibió a 17 equipos de diferentes partes del mundo. Como resultado, los comercios aumentaron sus ventas entre un 10 y un 15 por ciento. El partido México contra Inglaterra fue el más visto del siglo. Además, más de un millón 100 mil estudiantes participaron en la Copa Escolar, como parte del Mundial Social.
Un mensaje de unidad y orgullo nacional
La Presidenta enfatizó que el éxito de este evento internacional no solo mostró la capacidad organizativa y la fortaleza institucional de México, sino también la hospitalidad y alegría de su gente. “El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes”, expresó Sheinbaum a los elementos del Plan Kukulkán. La mandataria también felicitó a la Selección Nacional de México por su desempeño y por la pasión con la que defendieron los colores del país.
Cierre editorial
La entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán es un testimonio del éxito de la coordinación interinstitucional y del compromiso de las fuerzas de seguridad y de todo el gobierno con la paz y la estabilidad del país. El operativo, que involucró a más de 124 mil personas, garantizó que México pudiera celebrar un evento de talla mundial sin incidentes mayores. Más allá de la seguridad, el Mundial dejó una derrama económica significativa y mostró al mundo la cara amable y solidaria de México. La experiencia del Plan Kukulkán demuestra que el trabajo conjunto y la unidad son la mejor estrategia para enfrentar cualquier desafío.
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Interpretación del artículo 127 constitucional brinda seguridad jurídica a miles de personas. Ramírez Cuéllar impulsa diálogo y llama a consolidar el criterio en la ley.
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, afirmó que la interpretación emitida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sobre la aplicación del artículo 127 de la Constitución constituye un paso fundamental para brindar certeza a miles de personas jubiladas y pensionadas de las entidades públicas[1]. Sin embargo, sostuvo que ahora es necesario consolidar ese criterio en la ley, para eliminar cualquier incertidumbre jurídica[2]. El legislador destacó que este avance es resultado de un proceso de diálogo abierto con las organizaciones de personas jubiladas y pensionadas, iniciado entre el 29 de mayo y el 8 de junio[3].
Un proceso de diálogo que rinde frutos
El legislador recordó que entre el 29 de mayo y el 8 de junio se realizaron diversas reuniones de trabajo en las que participaron representantes de personas jubiladas de instituciones como Pemex, CFE, Banobras y otros organismos públicos, así como legisladoras y legisladores federales[4]. En esos encuentros se analizaron las inquietudes surgidas tras la entrada en vigor de la reforma constitucional y se construyó una ruta institucional para atenderlas mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones jurídicas[5]. Como resultado, se remitió un oficio a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, acompañado de los planteamientos formulados por las organizaciones, con el propósito de solicitar una interpretación jurídica que brindara certeza sobre la aplicación de la reforma[6].
La interpretación que brinda certidumbre
La respuesta emitida por la Consejería Jurídica constituye un paso muy significativo porque reconoce la necesidad de privilegiar un criterio uniforme que preserve la congruencia entre las remuneraciones percibidas durante la vida laboral y las pensiones derivadas de ellas[7]. El legislador recordó que la Consejería Jurídica concluyó que existe una contradicción interpretativa entre las fracciones II y IV del artículo 127 constitucional, ya que mientras una establece como parámetro la remuneración íntegra de la persona titular del Ejecutivo Federal, la otra hace referencia al cincuenta por ciento de dicha percepción[8]. Ante esa situación, determinó que debe privilegiarse una interpretación que preserve la continuidad entre el salario en activo y la pensión correspondiente[9].
Resultados concretos y compromiso legislativo
Ramírez Cuéllar destacó que esta respuesta representa un paso muy importante porque brinda tranquilidad a miles de personas que manifestaron legítimamente sus preocupaciones[10]. Destacó que con esta interpretación, en diversas dependencias, como es el caso de PEMEX, se logró poner fin a aproximadamente un 98% de las afectaciones: “esto demuestra que el diálogo institucional, la apertura y la disposición que han mostrado no sólo diputados y diputadas, sino la Consejería Jurídica y en general el Gobierno Federal, para escuchar, siempre van a producir mejores soluciones”[11]. No obstante, señaló que es preciso revisar aquellos casos que aún se ven afectados o exceden el monto establecido, aunque mencionó que, tras el ajuste, no deberían exceder el 3%[12].
La necesidad de actualización por inflación
El vicecoordinador de Morena expresó que este proceso ofrece la oportunidad de fortalecer el marco jurídico en un aspecto adicional que resulta fundamental para proteger el bienestar de las personas jubiladas y pensionadas[13]. Recordó que desde 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sus percepciones permanecerían congeladas como parte de la política de austeridad[14]. Sin embargo, se requiere identificar el mecanismo para que los montos de las pensiones se actualicen de manera anual, conforme a la inflación, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales correspondientes, preservando así el poder adquisitivo de quienes ya concluyeron su vida laboral[15].
Un compromiso del Gobierno con la justicia social
Finalmente, Ramírez Cuéllar recordó que, desde el inicio de este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó la disposición del Gobierno de México para revisar la implementación de la reforma y atender las inquietudes de las personas jubiladas y pensionadas[16]. En ese sentido, consideró que la respuesta emitida por la Consejería Jurídica refleja el compromiso del Gobierno con el diálogo, la justicia social y la protección de los derechos adquiridos[17]. “Escuchamos a las personas jubiladas, construimos una ruta institucional, obtuvimos una respuesta que brinda certeza y ahora corresponde al Congreso dar el siguiente paso. Vamos a trabajar para que ese criterio quede plasmado en la ley y para garantizar que las jubilaciones y pensiones mantengan su valor frente a la inflación”, concluyó[18].
Cierre editorial
La interpretación de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sobre el artículo 127 constitucional representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas jubiladas y pensionadas en México. El diálogo institucional abierto entre legisladores, organizaciones y el gobierno federal ha demostrado ser una vía efectiva para resolver las inquietudes surgidas tras la reforma constitucional. La decisión de privilegiar una interpretación que preserve la congruencia entre el salario en activo y la pensión correspondiente brinda certeza a miles de trabajadores que dedicaron su vida al servicio público. El reto ahora es consolidar este criterio en la ley y garantizar que las pensiones mantengan su poder adquisitivo frente a la inflación, protegiendo así el bienestar de quienes ya concluyeron su vida laboral.
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Ariadna Montiel rechaza pronunciamiento del Grupo IDEA sobre caso Ruffo. Señala que exmandatarios carecen de autoridad moral para dar lecciones al pueblo de México.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó este lunes el pronunciamiento de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) sobre la situación política en México y sostuvo que el país “no acepta lecciones de quienes traicionaron la democracia”[1]. En respuesta al desplegado firmado por 25 exjefes de Estado y de gobierno iberoamericanos, Montiel afirmó que el proceso contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, debe resolverse en los tribunales y no mediante presión internacional[2][3]. “La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, enfatizó la lideresa morenista[4].
El pronunciamiento del Grupo IDEA y la respuesta de Morena
El Grupo IDEA, integrado por 25 exjefes de Estado y de gobierno, denunció que el proceso judicial contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel constituye un caso de “criminalización política” y alertó por el deterioro del Estado de derecho en México[5]. A través de un comunicado, Montiel Reyes afirmó que la postura del Grupo IDEA no es una defensa desinteresada del Estado de derecho, sino un intento de trasladar a los medios y a la presión internacional un asunto que corresponde a las autoridades y a los tribunales mexicanos[6].
“Carecen de autoridad moral”
La dirigente morenista sostuvo que “quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México”[7]. Señaló que entre los firmantes se encuentran antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por “la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y graves violaciones a los derechos humanos”[8]. “No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder”, expresó[9].
El proceso contra Ruffo Appel y la defensa de la soberanía judicial
Montiel subrayó que la investigación contra Ruffo Appel se originó tras casi un año de indagatorias relacionadas con operaciones aduanales, financieras y empresariales, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques[10]. Una jueza federal determinó vincularlo a proceso después de más de 24 horas de audiencia y rechazó que exista una persecución política[11][12]. “El comunicado del Grupo IDEA sólo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas. Pero México ya cambió. Aquí manda el pueblo, rige la Constitución y la ley alcanza también a quienes durante décadas se creyeron intocables”, concluyó Montiel[13].
México no acepta tutelas extranjeras
Morena recordó que el marco constitucional mexicano distribuye de manera nítida las responsabilidades procesales: la Fiscalía General de la República está obligada a aportar la carga de la prueba, la defensa tiene el derecho a controvertirla, y los tribunales federales mantienen la soberanía e independencia para resolver conforme a derecho[14]. “La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”, reiteró Montiel[15].
Cierre editorial
El pronunciamiento de Morena ante el Grupo IDEA es una defensa de la soberanía nacional y del principio de no intervención en asuntos judiciales. La postura de Ariadna Montiel subraya que México es una nación libre e independiente, que no acepta presiones extranjeras sobre asuntos que deben resolverse conforme a sus leyes[16]. El caso Ruffo Appel, independientemente de su desenlace, debe ser resuelto por las instituciones mexicanas, sin tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero.
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El tribunal del Banco Mundial desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida menor. México analiza acciones legales.
El Gobierno de México informó que el día de hoy se emitió el fallo final del arbitraje internacional iniciado por Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials Company, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI)[1]. En el proceso, realizado al amparo del TLCAN, la empresa reclamaba que diversas autoridades federales y estatales adoptaron medidas que afectaron sus proyectos entre 2018 y 2022[2]. El fallo del Tribunal Arbitral desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de su filial CALICA, ocurrida en enero de 2018, que representa menos del 1% del monto original reclamado[3].
Un fallo favorable que desestima casi todas las reclamaciones
El Tribunal Arbitral del CIADI emitió su decisión final, rechazando la gran mayoría de los argumentos presentados por Vulcan Legacy LLC[4]. La empresa estadounidense había acusado a México de adoptar medidas que afectaron la operación de sus proyectos a través de su filial Calizas Industriales del Carmen (CALICA), entre enero de 2018 y 2022[5]. Sin embargo, los árbitros consideraron que las autoridades federales y estatales actuaron dentro del marco legal, desestimando las reclamaciones[6].
Una concesión menor que no afecta la posición de México
El único punto en el que el tribunal dio la razón a la empresa fue en relación con la clausura de un predio de CALICA ocurrida en enero de 2018[7]. La Secretaría de Economía subrayó que esta medida representa menos del 1 por ciento del monto originalmente reclamado[8], lo que evidencia la solidez de la defensa legal de México en el caso.
México refrenda su compromiso con la inversión y la certidumbre jurídica
El Gobierno de México señaló que analiza detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance[9]. Al mismo tiempo, refrendó su compromiso a favor de la inversión extranjera que trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente[10]. El respeto a las reglas y procedimientos contenidos en los tratados internacionales es fundamental para brindar la certidumbre jurídica que hace posible el desarrollo económico[11].
Implicaciones para la relación con inversionistas
El fallo envía un mensaje de que México respeta el Estado de derecho y los acuerdos internacionales, pero también defiende sus intereses cuando las reclamaciones carecen de fundamento[12]. La desestimación de casi todas las demandas de Vulcan refuerza la confianza en el sistema legal mexicano y su capacidad para resolver controversias de manera justa.
Cierre editorial
El fallo del CIADI en el caso Vulcan Materials representa una victoria significativa para México, al desestimar casi la totalidad de las reclamaciones de la empresa[13]. La decisión, que reduce el monto potencial de la demanda a menos del 1% de lo originalmente reclamado, confirma la solidez de la defensa legal del Estado mexicano y la actuación apegada a derecho de las autoridades federales y estatales[14]. Este resultado no solo fortalece la certidumbre jurídica en el país, sino que también envía una señal clara a la comunidad inversionista: México es un socio confiable que cumple con sus compromisos internacionales y que defiende sus intereses nacionales con base en la ley[15].
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La vinculación de líneas de prepago será escalonada entre agosto y diciembre según el último dígito del número. Ya se han registrado 63 millones de líneas.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer el calendario y las fechas límite para que los usuarios de telefonía móvil vinculen sus líneas de prepago a la Clave Única de Registro de Población (CURP). El registro se realizará de manera escalonada entre agosto y diciembre de 2026, conforme al último dígito de cada número telefónico[1]. A la fecha, se han vinculado 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago[2]. La medida busca eliminar el anonimato en el uso de los teléfonos móviles, con el objetivo de prevenir delitos como el fraude y la extorsión[3].
Un calendario por dígitos para ordenar el registro
Con el objetivo de facilitar el proceso y evitar la saturación de los sistemas, la CRT estableció que las líneas de prepago que aún no se han vinculado tendrán una fecha límite asignada conforme al último dígito del número telefónico[4]. El calendario de vinculación queda de la siguiente manera[5]:
Dígito 0: 15 de agosto
Dígito 1: 31 de agosto
Dígito 2: 15 de septiembre
Dígito 3: 30 de septiembre
Dígito 4: 15 de octubre
Dígito 5: 31 de octubre
Dígito 6: 15 de noviembre
Dígito 7: 30 de noviembre
Dígito 8: 15 de diciembre
Dígito 9: 31 de diciembre
Suspensión del servicio y reactivación
Una vez vencido el plazo correspondiente a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas[6]. Estas líneas solo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo[7]. Una vez que se vincule la línea, la compañía telefónica restablecerá todos los servicios (llamadas, mensajes y datos móviles)[8].
Cifras y contexto del registro
A la fecha, se han vinculado 63 millones de líneas: 40.2 millones de prepago y 22.8 millones de pospago[9]. Las líneas de pospago no requieren un nuevo trámite por estar asociadas a una persona desde su contratación[10]. La CRT reiteró que el proceso no lo realiza el gobierno, sino que se lleva a cabo directamente ante las compañías telefónicas, que únicamente asocian el nombre y la CURP del usuario al número de celular[11]. Con esta medida, México dejará de ser uno de los pocos países que permitía adquirir un chip sin identificación, sumándose a una práctica internacional vigente en 166 países[12].
Cierre editorial
El calendario escalonado anunciado por la CRT para la vinculación de líneas telefónicas a la CURP es un paso decisivo para combatir el anonimato en las comunicaciones móviles. Al eliminar la posibilidad de que los delincuentes operen con números no registrados, se fortalece la capacidad de las autoridades para investigar delitos como el fraude y la extorsión. La implementación de este proceso, que se realizará directamente con las compañías telefónicas, subraya el compromiso del gobierno federal con la seguridad de la ciudadanía. México avanza hacia estándares internacionales en la regulación de las telecomunicaciones, protegiendo a la población y garantizando que cada línea telefónica esté asociada a una identidad verificable.
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Los nuevos lineamientos obligan a medios a tener Código de Ética y defensorías. El periodo de consulta ciudadana estará abierto hasta el 21 de agosto.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) emitió los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, los cuales se encuentran en proceso de consulta pública hasta el 21 de agosto[1]. La normativa, que estará disponible en el portal de la CRT para recibir comentarios de la ciudadanía, academia y concesionarios, busca fijar la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias en materia de radiodifusión y televisión[2]. Los lineamientos establecen definiciones precisas de los conceptos establecidos en la ley, con el objetivo de eliminar laxitud, subjetividad o discrecionalidad en su interpretación[3], y son de aplicación obligatoria para concesionarias de televisión abierta y radio, así como para televisión y audio de paga[4].
Una década de vaivén en los derechos de las audiencias
Los nuevos lineamientos llegan después de años de debates y reformas inconclusas en materia de derechos de las audiencias[5]. La normativa busca consolidar un marco regulatorio que garantice el respeto a los derechos de los espectadores y oyentes, en un contexto donde la desinformación y la falta de claridad entre noticia, opinión y publicidad han sido una constante[6]. La CRT busca, con esta iniciativa, establecer reglas claras y mecanismos efectivos para que las audiencias puedan ejercer sus derechos.
Los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios
Los lineamientos definen con claridad los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios de comunicación[7]. Entre los derechos que se buscan garantizar se encuentran:
Recibir información veraz y oportuna: Los medios no podrán difundir información falsa, descontextualizada o presentar información histórica como si fuera actual[8].
Distinguir entre información noticiosa y opinión: Los medios deberán garantizar esta distinción mediante menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas[9].
Distinguir entre publicidad y contenido: Se asegurará la diferencia a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas[10].
Derecho de réplica: Las personas podrán solicitar al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen[11].
Audiencias con discapacidad: Se garantizarán servicios de accesibilidad para personas con debilidad auditiva y representaciones visuales respetuosas e inclusivas[12].
Obligaciones de los medios: Código de Ética y Defensoría de Audiencias
Los lineamientos establecen dos obligaciones centrales para todos los medios de comunicación[13]:
1. Código de Ética: Todas las estaciones de radio y televisión deberán emitir un Código de Ética que incluya la mención expresa de los derechos de las audiencias, los criterios editoriales y valores que aseguren la veracidad de la información, un procedimiento para presentar quejas ante la persona defensora de las audiencias, y mecanismos para su designación[14].
2. Defensoría de Audiencias: Todas las radiodifusoras y televisoras deberán contar con personas defensoras de las audiencias[15]. Para radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona defensora deberá provenir de la misma comunidad[16]. Las personas defensoras deberán regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, y no deberán tener conflicto de interés[17]. Se designará al menos una persona defensora por concesionaria, que tendrá a su cargo la atención de las quejas presentadas por las audiencias[18].
Participación ciudadana y consulta pública
La CRT abrió un periodo de consulta pública de 20 días, del 27 de julio al 21 de agosto, a través del portal de la dependencia[19]. La participación activa de audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles busca enriquecer la propuesta de Lineamientos[20]. Este proceso permitirá que la normativa final sea producto del diálogo y la participación de todos los sectores involucrados.
Cierre editorial
Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias representan un avance significativo en la regulación de los medios de comunicación en México. La definición clara de los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios, así como la obligación de contar con Códigos de Ética y defensorías, son pasos necesarios para garantizar una comunicación más veraz, transparente y respetuosa. El proceso de consulta pública es una oportunidad para que la ciudadanía y los actores del sector contribuyan a la construcción de un marco regulatorio que responda a las necesidades de la sociedad. La protección de los derechos de las audiencias no es solo una obligación legal, sino un pilar fundamental para la democracia y el fortalecimiento del tejido social.
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La fábrica de niebla: Cómo la economía de la atención se convirtió en la nueva máquina de vapor.
Dinamarca y Australia ya legislan; México aún debate entre el llamado presidencial y la parálisis legislativa.
Por Miguel Ángel Cantero Martínez · 27 de julio de 2026
En 1833, el Parlamento británico aprobó la Factory Act, prohibiendo el trabajo de menores de nueve años en las fábricas textiles y limitando las jornadas infantiles a nueve horas diarias. Los industriales vociferaron contra la “intromisión estatal” y la “pérdida de competitividad”. Hoy, aquella ley nos parece un mínimo civilizatorio. Dentro de tres décadas, nuestros nietos observarán nuestra era con el mismo estupor con que nosotros miramos las fotografías de niños descalzos junto a las máquinas de vapor. Pero entonces no habrá telares en la imagen. Habrá un smartphone, un rostro iluminado a las tres de la mañana y un algoritmo que susurra: quédate, todavía hay más.
Esta no es una hipérbole. Es un paralelismo histórico riguroso. La Revolución Industrial explotó el cuerpo infantil como fuerza motriz; la Revolución Digital explota la arquitectura cerebral adolescente como insumo de una economía extractiva. La materia prima no es el algodón. Es la atención. Y el yacimiento más rentable, por plasticidad neuronal y vulnerabilidad dopaminérgica, es el cerebro de un menor de dieciséis años.
Neuroeconomía de un cerebro secuestrado
Conviene precisar de qué hablamos cuando hablamos de “adicción”. La neurociencia ha documentado con precisión quirúrgica lo que ocurre dentro de un cerebro adolescente expuesto al scroll infinito. El núcleo accumbens —centro de recompensa— libera dopamina ante cada notificación, cada like, cada variabilidad intermitente programada por los ingenieros conductuales de Silicon Valley. Pero el sistema tiene un límite. Con la sobreexposición, los receptores D2 se regulan a la baja. La consecuencia es clínica: se necesita más estímulo para sentir lo mismo. Eso se llama tolerancia. Y cuando el estímulo desaparece, aparece la ansiedad, la irritabilidad y el vacío anímico. Eso se llama síndrome de abstinencia.
Si cambiáramos “red social” por “opioide”, el diagnóstico sería automático. Pero como el dealer es un algoritmo y la jeringa una pantalla AMOLED, la sociedad prefiere hablar de “nativos digitales”. El lenguaje nos protege de la verdad incómoda: hemos normalizado un experimento neuroquímico a escala generacional sin consentimiento informado.
La restauración del jardín amurallado
Frente a esta maquinaria, dos naciones han decidido no esperar el permiso de la industria. Dinamarca prohibió el acceso a redes sociales a menores de 15 años. Australia fue más lejos: vetó el acceso a menores de 16 y transfirió la carga de la verificación a las plataformas, no a los padres. La lógica jurídica es impecable y merece ser subrayada: el obligado a verificar es quien lucra, no quien padece.
Ambas leyes, más allá de su redacción técnica, constituyen un acto de memoria histórica y de filosofía política aplicada. Recuperan el concepto del limes: la frontera que separa el espacio civilizado del espacio salvaje. En la Roma antigua, el limes no era un muro para aislar, sino una membrana selectiva que permitía el comercio y al mismo tiempo detenía a los bárbaros. El mundo digital carece de limes. Es una intemperie absoluta donde un niño de once años puede transitar del tutorial de matemáticas al contenido pornográfico en tres clics, sin que ninguna institución —ni la familia, ni la escuela, ni el Estado— haya podido interponer un filtro. Dinamarca y Australia están levantando, dos mil años después, un nuevo limes. Y como todo muro que protege lo sagrado —en este caso, el desarrollo de la subjetividad—, es profundamente incómodo para quienes comercian con la intemperie.
“Pretender que las familias contrarresten a corporaciones que invierten miles de millones en optimizar la adicción es una emboscada, no una batalla.”
Sheinbaum y la brecha entre el diagnóstico y la cirugía
En México, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado explícito a madres, padres y tutores para proteger a la niñez y juventud ante el uso de plataformas digitales y redes sociales. El gesto es inequívocamente valioso. Señala desde la máxima investidura del Estado que hay un problema y que la responsabilidad primaria reside en el núcleo familiar. Pero un diagnóstico sin prescripción vinculante es un acto de conciencia, no de gobierno.
Y aquí debemos ser quirúrgicamente honestos. Pretender que las familias, en solitario, contrarresten el poder de corporaciones que invierten miles de millones de dólares en optimizar la adicción es una posición políticamente cómoda pero estratégicamente ingenua. Ningún padre equipa su hogar con las herramientas de neuromarketing, A/B testing algorítmico y machine learning afectivo que despliegan Meta, TikTok o Snapchat. No es una batalla asimétrica: es una emboscada. Sin legislación con dientes —verificación obligatoria de edad, responsabilidad legal de las plataformas, sanciones proporcionales al daño—, el llamado presidencial corre el riesgo de convertirse en una vela encendida en medio de un huracán.
La caverna digital y la abolición de la distancia
Platón imaginó una caverna donde los prisioneros confundían sombras con realidad. La alegoría se ha vuelto literal, solo que ahora las sombras son reels de quince segundos y la cadena que sujeta al espectador es un algoritmo de recomendación entrenado para maximizar el tiempo de permanencia. Byung-Chul Han lo formuló con precisión contemporánea: ya no vivimos en una sociedad disciplinaria, sino en una sociedad del rendimiento que se convierte en sociedad del cansancio. El sujeto se explota a sí mismo creyendo que es libre. Pero el adolescente que “elige” pasar cinco horas diarias en TikTok no está ejerciendo su autonomía kantiana. Está respondiendo a una arquitectura de persuasión oscura —los dark patterns— diseñada para sortear su todavía inmadura corteza prefrontal, esa parte del cerebro que frena los impulsos y que, según la neurociencia, no completa su desarrollo hasta pasados los veinte años.
Hannah Arendt, al analizar la crisis de la educación en Entre el pasado y el futuro, advirtió que la autoridad del adulto consiste en asumir la responsabilidad por un mundo que no elegimos, pero que debemos presentar a los recién llegados de manera que pueda ser renovado. Cuando abdicamos de esa autoridad en favor del algoritmo, no estamos siendo modernos ni liberales: estamos siendo cómplices de una fábrica que produce niebla —atención dispersa, deseo fragmentado, identidad en ruinas— y la vende como atmósfera natural.
El precedente que nos juzgará
Hubo un tiempo en que la explotación infantil se justificaba con argumentos económicos y con la retórica de la “libertad de contratación”. Hubo un tiempo en que la industria tabacalera financiaba estudios para negar el vínculo entre fumar y el cáncer de pulmón. Hubo un tiempo en que el plomo en la gasolina era “inofensivo” según sus productores. Hoy, la industria de las plataformas repite el mismo libreto: niega los daños, desacredita a los investigadores, financia expertos complacientes y patrocina una narrativa donde la regulación equivale a censura.
Pero la historia no negocia. La Factory Act de 1833 es hoy materia de orgullo, no de vergüenza, para el Reino Unido. Las leyes antitabaco, ridiculizadas en los años noventa, salvaron millones de vidas. La prohibición de la gasolina con plomo se demoró décadas por la resistencia corporativa, pero finalmente se impuso. El patrón es siempre el mismo: primero la ciencia advierte, luego la industria niega, después la sociedad se polariza y finalmente la ley actúa. En el caso de las redes sociales y la salud mental infantil, estamos transitando la tercera etapa. Dinamarca y Australia ya cruzaron a la cuarta.
México tiene ante sí una disyuntiva histórica. Puede seguir la senda de la delegación discursiva —hacer llamados, promover campañas, apelar a la responsabilidad individual— o puede asumir el costo político de legislar, incomodar a los gigantes tecnológicos y erigirse como un referente regional en la defensa del neurodesarrollo infantil. La presidenta Sheinbaum ha mostrado voluntad para poner el tema sobre la mesa. Pero una mesa sin expediente legislativo es solo un atril. Y un atril, por bienintencionado que sea, no detiene un algoritmo entrenado para no soltar nunca a su presa.
Proteger a la infancia no es una postura conservadora ni progresista: es un imperativo biológico que antecede a cualquier ideología. Es la memoria de la especie diciendo hasta aquí. Australia y Dinamarca ya lo entendieron. Lo que está en juego no es el acceso a una aplicación. Es el derecho de un niño a desarrollar una mente capaz de sostener la atención, tolerar el silencio, habitar el aburrimiento fértil y construir una identidad que no dependa de la validación cuantificada de extraños. En suma: el derecho a ser humano antes que usuario.
El movimiento llevó a cabo asambleas simultáneas en los 32 estados. Ramírez Cuéllar destacó el diálogo ciudadano y el respaldo a la política exterior de Sheinbaum.
El movimiento Construyendo México realizó este domingo la Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, con 300 asambleas simultáneas en los 32 estados del país[1]. Durante esta jornada, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, uno de los principales impulsores de estas asambleas, destacó que estos encuentros permitieron fortalecer el diálogo con la ciudadanía, refrendar la defensa de la soberanía nacional y respaldar la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante los temas bilaterales de seguridad, migración y las negociaciones del T-MEC[2].
Asambleas simultáneas para fortalecer el diálogo ciudadano
La Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular convocó a miles de ciudadanas y ciudadanos en todo el país[3]. Las 300 asambleas simultáneas se realizaron en los 32 estados, reflejando la capacidad de organización y convocatoria del movimiento Construyendo México[4]. Estos encuentros se consolidaron como espacios de diálogo directo entre la ciudadanía y los representantes del movimiento, permitiendo abordar temas de interés nacional y fortalecer la participación popular.
Defensa de la soberanía y respaldo a la política exterior
Durante las asambleas, se refrendó la defensa de la soberanía nacional y se respaldó la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, en particular en temas bilaterales como seguridad, migración y las negociaciones del T-MEC[5]. Los participantes reiteraron que la relación con Estados Unidos debe mantenerse con cooperación, respeto mutuo y sin subordinación, en línea con los principios de la Cuarta Transformación[6].
Los ejes del proyecto de transformación
En los encuentros también se compartieron los principales ejes del proyecto de transformación de la coalición “Juntos Sigamos Haciendo Historia”[7]. Se destacaron los avances en materia de justicia social, bienestar y desarrollo económico, así como la importancia de mantener la unidad y la organización territorial para consolidar el proyecto de nación impulsado por el gobierno federal.
Reconocimiento a la organización territorial
Al finalizar las asambleas, Ramírez Cuéllar reconoció la participación de miles de ciudadanas y ciudadanos, así como el trabajo de las y los representantes de Construyendo México en cada distrito electoral[8]. Destacó que la organización territorial, la cercanía con la población y la capacidad de convocatoria fueron fundamentales para el éxito de la jornada, que logró movilizar a la ciudadanía en torno a los principios de soberanía y justicia social.
Cierre editorial
La Jornada Nacional por la Soberanía y la Construcción de la Representación Popular, con 300 asambleas simultáneas en los 32 estados, es una muestra del vigor organizativo de Construyendo México y de la vigencia del proyecto de la Cuarta Transformación. Estos espacios de diálogo y participación ciudadana refuerzan la defensa de la soberanía nacional y el respaldo a la política exterior de la presidenta Sheinbaum. La convocatoria masiva y el trabajo territorial realizado por los representantes del movimiento demuestran que la organización de base sigue siendo un pilar fundamental para la consolidación del proyecto de transformación en México.
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La plasticidad cerebral en la adolescencia genera oportunidades y vulnerabilidades. Especialista llama a regular el uso de plataformas digitales para proteger la salud mental.
La adolescencia es una etapa de profunda remodelación cerebral, un periodo de alta plasticidad que, si bien ofrece grandes oportunidades para el aprendizaje y la creatividad, también genera vulnerabilidades ante estímulos externos como las plataformas digitales, según la doctora Lucía Magis Weinberg, directora del interACTlab y del Centro de Juventud Digital de la Universidad de Washington e investigadora del SNII[1]. En su exposición, la especialista señaló que el cerebro adolescente funciona como un “auto con acelerador potente y freno todavía en desarrollo”[2]. Este desfase entre la maduración del sistema límbico (recompensa) y el sistema frontoparietal (control cognitivo) explica la susceptibilidad de los jóvenes a los riesgos digitales.
El cerebro adolescente: plasticidad y vulnerabilidad
Entre los 10 y los 25 años, el cerebro experimenta una remodelación profunda en distintas regiones y a diferentes ritmos[3]. El sistema límbico, responsable de las emociones y las recompensas, madura antes que las regiones frontoparietales, encargadas del control cognitivo, la planificación y la toma de decisiones[4]. Este desfase, conocido como “desfase de maduración”, convierte al cerebro adolescente en un vehículo con un potente acelerador y un freno aún en desarrollo[5]. Esta configuración explica tanto la flexibilidad y capacidad de aprendizaje de los jóvenes como su vulnerabilidad a malos hábitos y a la presión de pares.
Plataformas digitales: diseñadas para capturar la atención
Las plataformas digitales, diseñadas para capturar la atención y dirigir publicidad, interactúan directamente con el sistema de recompensas del cerebro adolescente[6]. El uso constante de estas plataformas activa y sensibiliza el sistema límbico, reforzando conductas automáticas y hábitos poco saludables[7]. En un grupo vulnerable, este ciclo puede desencadenar una adicción[8]. La doctora Magis Weinberg señaló que el “estrés digital” es una realidad documentada que afecta la salud mental de los jóvenes[9]. Además, el diseño persuasivo de las aplicaciones, con recompensas digitales, presión social y algoritmos personalizados, se aprovecha de la sensibilidad del cerebro en desarrollo.
Efectos en la atención y el aprendizaje
El impacto no se limita a la recompensa. El uso de plataformas digitales también afecta al sistema de control cognitivo[10]. Se ha observado una erosión de la atención: el lapso de atención promedio disminuyó de 2.5 minutos a 47 segundos en una década[11]. El constante cambio entre tareas genera más distracciones, errores, esfuerzo, estrés y frustración[12]. El acceso temprano a estos dispositivos afecta el desarrollo cognitivo[13]. El consumo infinito de contenido, los algoritmos y el diseño persuasivo se combinan para mantener a los jóvenes enganchados.
La neuroplasticidad como oportunidad de cambio
La buena noticia, destacó la especialista, es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y modificarse[14]. Esto significa que los hábitos saludables y un entorno adecuado pueden contrarrestar los efectos negativos. Por ello, la doctora Magis Weinberg enfatizó la importancia del acompañamiento familiar y escolar.
Recomendaciones para familias, escuelas y política pública
La especialista ofreció recomendaciones clave para proteger el desarrollo cerebral adolescente[15]:
Familia: Establecer tiempos de desconexión, modelar hábitos saludables, acompañar y no solo restringir.
Escuela: Impulsar la convivencia y el aprendizaje presencial, promover una cultura digital saludable, formar criterio y fortalecer a los docentes como guías.
Política pública: Regular para proteger y educar, crear plataformas seguras para cada edad y fomentar más convivencia y aprendizaje presencial.
Cierre editorial
La exposición de la doctora Lucía Magis Weinberg evidencia la urgencia de abordar el uso de plataformas digitales en la adolescencia desde una perspectiva científica y educativa. El cerebro joven, en plena transformación, es particularmente sensible a los estímulos digitales, lo que puede derivar en adicción, deterioro de la atención y problemas de salud mental. Sin embargo, la neuroplasticidad ofrece una esperanza: con acompañamiento familiar, escolar y políticas públicas adecuadas, es posible guiar a los jóvenes hacia un uso saludable de la tecnología. México se encuentra en un momento clave para regular el entorno digital, protegiendo a las nuevas generaciones y potenciando su desarrollo integral.
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