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  • Hugo Aguilar defiende autonomía y resultados del PJF

    Hugo Aguilar defiende autonomía y resultados del PJF

    Ciudad de México. Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defendió la autonomía y el funcionamiento del renovado Poder Judicial de la Federación al presentar el balance de su primer año. Ante la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes de los principales órganos judiciales, sostuvo que el PJF no responde a “encargos” ni a coyunturas políticas. El informe incluyó cifras sobre resolución de expedientes, reducción de asuntos heredados, defensoría pública, austeridad y disciplina judicial. Aguilar también reconoció que la transformación permanece inconclusa, pues dentro de la institución persisten resistencias y formas de ejercer la justicia vinculadas con el modelo anterior.

    En breve

    • Autonomía: Aguilar sostuvo que el PJF no atiende encargos ni agendas ajenas al marco constitucional.
    • Expedientes: reportó 15 mil 51 ingresos jurisdiccionales y 13 mil 231 asuntos resueltos.
    • Rezago heredado: de 1,479 asuntos pendientes de la integración anterior, informó que permanecen 44.
    • Reto: reconoció resistencias y prácticas internas vinculadas con el modelo judicial anterior.

    Hugo Aguilar reivindica la autonomía judicial

    El acto se realizó en el Área de Murales de la SCJN bajo el título “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia”. Hugo Aguilar fue el único orador y presentó durante 43 minutos el balance de los cuatro órganos superiores del Poder Judicial.

    Uno de los mensajes centrales estuvo dirigido a las dudas surgidas después de la reforma judicial y de la elección popular de integrantes del nuevo Poder Judicial.

    Aguilar sostuvo que el primer año permitió demostrar que el PJF conserva autonomía y funciona con independencia de agendas externas. Su planteamiento fue que la obligación de las instituciones judiciales permanece vinculada a la Constitución y al pueblo de México.

    La defensa de esa autonomía resulta particularmente relevante por el origen electoral de la nueva integración. La reforma constitucional modificó profundamente la estructura y los mecanismos de designación del Poder Judicial.

    La Corte reporta 13 mil 231 expedientes resueltos

    El balance presentado por Aguilar incluyó cifras para responder a los cuestionamientos sobre productividad y rezago.

    Según los datos expuestos durante el informe, en el último año ingresaron 15 mil 51 expedientes jurisdiccionales y fueron resueltos 13 mil 231, equivalentes a 88 por ciento.

    El ministro presidente informó también que la nueva integración recibió 1,479 asuntos pendientes y que únicamente 44 permanecían sin resolver al momento del balance. Algunos expedientes, señaló, se remontaban a 2014 y 2015.

    Aguilar atribuyó parte de esos resultados a un nuevo modelo de gestión con expedientes electrónicos, registros digitales, turnos aleatorios y mecanismos de seguimiento en línea.

    Las cifras constituyen uno de los principales argumentos con los que la presidencia de la Corte busca responder a quienes cuestionaron la capacidad operativa del nuevo modelo judicial.

    Una justicia más cercana y pluricultural

    Otro eje del informe fue el cambio de enfoque que Hugo Aguilar atribuye a la nueva Suprema Corte.

    El ministro presidente destacó resoluciones relacionadas con autogobierno indígena, administración directa de recursos, consulta previa, intérpretes, salud, medio ambiente, acceso al agua y patrimonio biocultural.

    La dimensión pluricultural adquiere especial importancia dentro de la actual integración de la Corte. El planteamiento consiste en ampliar el acceso a la justicia para comunidades históricamente alejadas de las instituciones judiciales.

    El Órgano de Administración Judicial reportó la apertura de 12 nuevas casas de asesoría jurídica intercultural. Por medio del Instituto Federal de Defensoría Pública se atendieron 57 mil 659 solicitudes de defensa y asesoría.

    El balance señaló además que 22 mil 202 personas obtuvieron su libertad mediante el programa de preliberaciones.

    Austeridad, disciplina y administración judicial

    El informe abarcó también el funcionamiento del Órgano de Administración Judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral.

    Aguilar informó que el PJF registró ahorros superiores a 4 mil 700 millones de pesos y afirmó que la política de austeridad continuará durante 2027. También confirmó que la Corte desistió de restituir el seguro de gastos médicos mayores.

    Ese planteamiento deberá observarse junto con el presupuesto solicitado para el próximo ejercicio. La Jornada reportó que la SCJN proyecta pedir para 2027 un monto nominal 17.2 por ciento superior al de este año.

    En materia disciplinaria, el Tribunal de Disciplina Judicial instaló seis visitadurías regionales. El balance reportó también la evaluación de personas juzgadoras electas por voto popular.

    El Tribunal Electoral informó que su Defensoría Pública Electoral atendió asuntos especializados en violencia política de género y brindó servicios gratuitos de orientación, asesoría y representación.

    El Poder Judicial reconoce resistencias internas

    El balance no se limitó a presentar resultados positivos.

    Hugo Aguilar reconoció que la transformación institucional no ocurre de manera inmediata y que todavía persisten resistencias, actitudes y formas de impartir justicia asociadas con prácticas anteriores.

    Ese reconocimiento introduce un elemento relevante para evaluar el segundo año del nuevo modelo. La reducción de expedientes pendientes puede medirse con estadísticas, pero la transformación de prácticas judiciales requiere indicadores adicionales.

    El reto será observar si los cambios administrativos, la digitalización y el enfoque de justicia cercana logran traducirse en resoluciones oportunas, técnicamente sólidas y accesibles para la ciudadanía.

    Claudia Sheinbaum acude al primer aniversario

    La presidenta Claudia Sheinbaum asistió a la ceremonia en la Suprema Corte, poco más de un año después de acudir a la toma de posesión de los nueve ministros del pleno el 1 de septiembre de 2025.

    A su llegada fue recibida por los titulares de los cuatro órganos judiciales. La Jornada destacó el carácter inédito del recibimiento, al señalar que anteriormente los presidentes de México que visitaban la Corte eran recibidos exclusivamente por quien encabezaba el máximo tribunal.

    La presencia de representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo otorgó al aniversario una dimensión institucional que trasciende el balance administrativo.

    Cierre editorial

    Un segundo año bajo escrutinio

    El primer aniversario ofrece cifras con las que la nueva estructura judicial busca acreditar capacidad operativa, reducción del rezago y mayor cercanía con sectores históricamente marginados.

    Sin embargo, la evaluación del nuevo Poder Judicial no concluye con su primer balance. Autonomía, calidad de las sentencias, disciplina, presupuesto y acceso efectivo a la justicia seguirán siendo variables centrales.

    El segundo año permitirá contrastar las cifras presentadas por Hugo Aguilar con la evolución real de los asuntos, la carga de trabajo y la percepción ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones judiciales.

    Hugo Aguilar

    Suprema Corte

    Poder Judicial

    SCJN

    Reforma judicial

    Justicia

  • Infraestructura de Calidad estrena nuevo Reglamento en México

    Infraestructura de Calidad estrena nuevo Reglamento en México

    México actualizó una pieza central de su regulación económica con la entrada en vigor del Reglamento de la Ley de Infraestructura de Calidad. El ordenamiento establece las disposiciones para aplicar la legislación en materia de normalización, estándares, metrología, evaluación de la conformidad y vigilancia del mercado. La Secretaría de Economía sostiene que el nuevo marco busca brindar mayor certeza a empresas y consumidores, facilitar el cumplimiento regulatorio y fortalecer la competitividad nacional. El Reglamento también amplía el papel de la plataforma PLATIICA para concentrar e intercambiar información. Su publicación ocurre en un contexto donde el Gobierno federal busca fortalecer capacidades productivas nacionales y facilitar la integración de empresas mexicanas a cadenas globales de valor.

    En breve

    • Reglamento: desarrolla administrativamente la Ley de Infraestructura de la Calidad.
    • Mercado: fortalece mecanismos de normalización, evaluación, metrología y vigilancia.
    • Digitalización: PLATIICA concentrará información y mecanismos de coordinación del sistema.
    • Transición: algunas adecuaciones regulatorias y técnicas tendrán plazos de implementación.

    Infraestructura de Calidad: nuevas reglas para el mercado

    El decreto establece que el Reglamento es de observancia general en todo México. Su objetivo es proporcionar las disposiciones administrativas necesarias para cumplir la Ley de Infraestructura de la Calidad, sin afectar las obligaciones derivadas de tratados internacionales.

    La infraestructura regulatoria comprende procesos que normalmente permanecen fuera de la conversación pública, pero inciden directamente en la economía. Entre ellos aparecen la normalización, los estándares, la metrología, la acreditación y la evaluación de la conformidad.

    Estos mecanismos permiten determinar si bienes, productos, procesos y servicios cumplen especificaciones técnicas. También generan condiciones para que autoridades y organismos especializados puedan verificar ese cumplimiento.

    El Reglamento sustituye al esquema secundario proveniente de la antigua Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Entre sus disposiciones transitorias, abroga el Reglamento de esa legislación publicado en enero de 1999.

    Qué cambia para empresas y consumidores

    La Secretaría de Economía considera la Infraestructura de Calidad como una política económica vinculada con inversión, competencia y comercio. Su comunicado sostiene que reglas técnicas claras pueden facilitar el cumplimiento regulatorio y brindar mayor certidumbre a las actividades productivas.

    Para las empresas, el sistema establece mecanismos para demostrar que productos y procesos cumplen las especificaciones correspondientes. En ese ecosistema participan laboratorios, entidades de acreditación y organismos de evaluación de la conformidad.

    El Reglamento también define la vigilancia del mercado como una supervisión permanente de bienes, productos, procesos y servicios ofrecidos en México. Esa vigilancia abarca el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, estándares y otras disposiciones aplicables.

    Desde la perspectiva del consumidor, estas reglas se relacionan con seguridad, calidad y desempeño. Su aplicación alcanza sectores tan diversos como telecomunicaciones, energía, transporte, salud, medio ambiente y condiciones de seguridad laboral.

    PLATIICA lleva parte del sistema al entorno digital

    Uno de los componentes destacados por Economía es el fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura de la Calidad, conocida como PLATIICA.

    El Reglamento contempla utilizar esta plataforma para publicar acuerdos, mecanismos de reconocimiento mutuo e información relacionada con el sistema. También busca facilitar la coordinación y el intercambio de información entre autoridades.

    La digitalización puede reducir la fragmentación de información regulatoria y facilitar la consulta de instrumentos técnicos. Sin embargo, el propio decreto reconoce que PLATIICA todavía requiere adecuaciones.

    Mientras esas modificaciones se realizan, la Secretaría de Economía podrá establecer procedimientos y formatos alternativos para atender los requerimientos previstos en el nuevo ordenamiento.

    Marcelo Ebrard y la coordinación del nuevo Reglamento

    La Secretaría de Economía informó que la elaboración del Reglamento fue resultado de un proceso de coordinación con instituciones normalizadoras del Ejecutivo federal, cámaras de comercio, academia, industria y personas consumidoras.

    La dependencia, encabezada por Marcelo Ebrard, tiene un papel central en el Sistema Nacional de Infraestructura de la Calidad. El secretario también preside permanentemente la Comisión Nacional de la Infraestructura de la Calidad.

    El comunicado vincula el nuevo marco regulatorio con los objetivos del Plan México. La argumentación oficial es que reglas técnicas más claras pueden contribuir a consolidar capacidades productivas nacionales y mejorar las condiciones de competitividad.

    Ese vínculo adquiere importancia en el comercio exterior. Los procesos de normalización y evaluación de la conformidad pueden influir en la capacidad de las empresas para demostrar que sus productos cumplen requisitos técnicos nacionales e internacionales.

    Normalización y comercio internacional

    El Reglamento contempla mecanismos de reconocimiento mutuo que pueden facilitar la aceptación de resultados de evaluación de la conformidad.

    Cuando existan los acuerdos correspondientes, certificados, dictámenes e informes emitidos bajo esos mecanismos podrán reconocerse para acreditar el cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas y procedimientos aplicables.

    Esta dimensión resulta relevante para empresas mexicanas que participan en cadenas internacionales de suministro. La compatibilidad técnica y la trazabilidad de mediciones pueden reducir obstáculos derivados de requisitos distintos entre mercados.

    El sistema también contempla normas internacionales y extranjeras, además de instrumentos vinculados con los compromisos comerciales de México.

    Por ello, la Infraestructura de Calidad funciona como un puente entre regulación interna, protección al consumidor y acceso a mercados internacionales.

    Una transición regulatoria que apenas comienza

    La publicación del Reglamento no concluye la modernización del sistema. Sus disposiciones transitorias establecen periodos para adecuar normas, acreditaciones, procedimientos y herramientas digitales.

    Las disposiciones administrativas complementarias deberán emitirse en un plazo máximo de 12 meses cuando no exista una regla expresa. Además, determinados sujetos y organismos dispondrán de 36 meses para emitir estándares en áreas donde continúen vigentes Normas Mexicanas.

    Las acreditaciones y aprobaciones previas cuentan, a su vez, con un periodo de tres años para renovarse conforme al nuevo régimen.

    La implementación será, por tanto, gradual. El reto estará en convertir el nuevo marco jurídico en procesos más claros y coordinados sin generar cargas innecesarias para empresas, laboratorios, organismos evaluadores y autoridades.

    El alcance económico dependerá también de la operación efectiva de PLATIICA, la coordinación institucional y la capacidad para mantener estándares compatibles con las necesidades productivas y comerciales del país.

    Infraestructura de Calidad

    Secretaría de Economía

    Marcelo Ebrard

    Plan México

    Normalización

    PLATIICA

  • México traza su Plan Nacional de Inteligencia Artificial

    México traza su Plan Nacional de Inteligencia Artificial

    México busca pasar de la adopción dispersa de herramientas digitales a una política de Estado en inteligencia artificial. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial articula regulación, formación de talento, desarrollo de software público e infraestructura propia para fortalecer capacidades tecnológicas nacionales. El documento organiza la estrategia alrededor de tres pilares: un marco ético y legal; capacidades mediante talento y software público; e infraestructura estratégica para la soberanía tecnológica. Entre sus proyectos aparecen el Centro Público de Formación en IA, la Fábrica de IA, la supercomputadora Coatlicue y una red nacional de centros de datos. La propuesta coloca el interés público, los derechos y la soberanía tecnológica como criterios para orientar su implementación.

    En breve

    • Tres pilares: regulación, capacidades e infraestructura estratégica estructuran el Plan Nacional de IA.
    • Talento: el Centro Público de Formación busca ampliar la base nacional de especialistas tecnológicos.
    • Infraestructura: Coatlicue proyecta 314 petaflops de capacidad de procesamiento.
    • Derechos: el Plan propone transparencia, supervisión humana y un futuro marco legal federal.

    Inteligencia artificial como política de Estado

    El planteamiento central del documento es que la IA no debe reducirse a incorporar herramientas aisladas. Su uso tendría que formar parte de una política integral de capacidades públicas y acompañar distintas etapas de la acción gubernamental.

    El Plan identifica aplicaciones potenciales en atención ciudadana, fiscalización, salud, educación, emergencias, planeación territorial y mejora regulatoria. También establece preguntas sobre los datos utilizados, la supervisión humana, los riesgos y los mecanismos disponibles para corregir errores.

    La estrategia se sostiene en tres componentes interdependientes. La infraestructura requiere personal especializado; el desarrollo de capacidades necesita reglas claras; y el marco ético y legal exige instituciones capaces de aplicarlo.

    Ese enfoque amplía el concepto de soberanía tecnológica. Para el Plan, no basta con disponer de infraestructura nacional: México necesita conocimiento, reglas, instituciones y recursos para orientar el desarrollo tecnológico conforme al interés público.

    Talento y software para desarrollar capacidades propias

    Uno de los componentes centrales es el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial. El programa articula gobierno, instituciones educativas y empresas tecnológicas para formar especialistas en IA, análisis de datos, programación Java, nube y ciberseguridad.

    El documento señala que su primera generación cuenta con 10 mil estudiantes y proyecta capacidad para certificar anualmente a 25 mil personas. También contempla que sus egresados puedan incorporarse a proyectos públicos como la Fábrica de IA.

    Presidencia presentó el Centro en noviembre de 2025 y explicó entonces que su primera generación tendría 10 mil estudiantes. El Gobierno planteó extender la formación mediante plataformas digitales y certificaciones públicas y privadas.

    La Fábrica de IA aparece como el siguiente eslabón: transformar conocimiento especializado en soluciones tecnológicas aplicables a problemas gubernamentales. El objetivo es crear un circuito entre capacitación, desarrollo tecnológico y necesidades públicas.

    Coatlicue y la infraestructura para la soberanía tecnológica

    La infraestructura constituye el tercer gran componente. El proyecto más ambicioso es Coatlicue, definida en el documento como la primera supercomputadora pública del país.

    El Plan contempla una inversión aproximada de 6 mil millones de pesos y una capacidad de procesamiento de 314 petaflops. Su arquitectura proyecta 14 mil 480 unidades de procesamiento gráfico y su instalación se plantea en el campus Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional.

    Coatlicue estaría disponible para investigadores, universidades y centros de investigación, además de ofrecer capacidad de cómputo a la industria nacional. Sus aplicaciones previstas incluyen modelación climática, agricultura, energía, análisis fiscal y aduanero, salud, movilidad e investigación científica.

    El Gobierno también plantea una red nacional de centros de datos. El nodo de Aguascalientes recibió una inversión de siete millones de dólares para ampliar su capacidad, mientras que Tulancingo incorporaría cómputo de gran escala, almacenamiento y conectividad.

    La meta es consolidar progresivamente servicios digitales federales sobre infraestructura soberana y reforzar la protección de la información pública.

    Derechos y regulación de la inteligencia artificial

    El desarrollo de infraestructura y capacidades tiene un componente normativo. Los Principios de Chapultepec, presentados en enero de 2026, funcionan como el primer marco ético oficial del Gobierno de México para orientar sistemas de IA en el ámbito público.

    Entre sus criterios se establece que la IA debe ampliar derechos, mantener responsables humanos detrás de las decisiones y evitar automatizar determinaciones que no puedan explicarse.

    El Plan propone además desarrollar un marco legal federal basado en transparencia, explicabilidad, licitud, no discriminación, proporcionalidad, supervisión humana y corresponsabilidad. Sin embargo, el propio documento precisa que la definición de derechos y obligaciones corresponderá al proceso legislativo posterior.

    Por ello, esta parte de la estrategia debe entenderse como una ruta regulatoria y no como un régimen jurídico ya vigente.

    De consumidor tecnológico a desarrollador de capacidades

    El desafío del Plan Nacional de Inteligencia Artificial estará en convertir proyectos y principios en capacidades institucionales sostenibles y evaluables. El propio documento reconoce que la velocidad del cambio tecnológico obliga a revisar periódicamente prioridades, indicadores e instrumentos.

    La apuesta de fondo es que México no permanezca únicamente como receptor de tecnologías desarrolladas bajo prioridades externas. La inteligencia artificial se plantea como una herramienta para mejorar servicios públicos, desarrollar conocimiento propio y fortalecer la capacidad tecnológica del Estado.

    Si Coatlicue, la formación especializada, la Fábrica de IA, los centros de datos y el futuro marco regulatorio logran articularse, México dispondría de una base más amplia para desarrollar soluciones propias. El resultado dependerá de ejecución, financiamiento, evaluación, formación continua y capacidad institucional para mantener el interés público como eje de la transformación tecnológica.

    Inteligencia artificial

    Plan Nacional de IA

    Coatlicue

    Soberanía tecnológica

    Innovación

    Claudia Sheinbaum

  • Aleida Alavez impulsa alfabetización en Iztapalapa

    La alcaldesa Aleida Alavez entregó certificados de secundaria a vecinas y vecinos de la Dirección Territorial Tezonco que concluyeron sus estudios básicos mediante el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). La actividad, realizada en el marco del Día Internacional de la Alfabetización y de una jornada del Día del Pueblo, forma parte de las acciones de alfabetización en Iztapalapa y combate al rezago educativo. Alavez destacó la participación de mujeres, incluidas beneficiarias de Iztapa’las Jefas, y sostuvo que el trabajo territorial permitió vincular a las personas con los servicios educativos. La estrategia da continuidad a la colaboración establecida entre la alcaldía y el INEA para ampliar el acceso a educación básica.

    En breve

    • Educación: vecinas y vecinos de Tezonco recibieron certificados de secundaria tras concluir sus estudios mediante el INEA.
    • Mujeres: la alcaldesa destacó la participación de beneficiarias del programa Iztapa’las Jefas.
    • Territorio: las jornadas del Día del Pueblo sirvieron para vincular a personas con los servicios educativos.
    • Servicios: la jornada incorporó atención relacionada con salud, documentación y orientación jurídica.

    Alfabetización en Iztapalapa avanza con apoyo del INEA

    La entrega de certificados representa una nueva etapa de la estrategia que la alcaldía desarrolla en coordinación con el INEA. Desde febrero de 2025, el gobierno de Iztapalapa planteó avanzar hacia la llamada “bandera blanca” contra el analfabetismo mediante acciones territoriales y servicios educativos. Posteriormente, la demarcación informó sobre un convenio de colaboración con el instituto para ampliar la atención a personas mayores de 15 años en situación de rezago educativo.

    El INEA establece que sus servicios para cursar o concluir secundaria son gratuitos y permiten obtener un certificado con validez oficial. Durante la jornada en Tezonco, Alavez celebró que más personas decidieran retomar sus estudios. También resaltó que la mayoría de quienes recibieron certificados fueron mujeres y que entre ellas había beneficiarias del programa Iztapa’las Jefas.

    La alcaldesa vinculó estos resultados con las jornadas del Día del Pueblo. De acuerdo con la información proporcionada, personal de la demarcación contactó en esos espacios a personas interesadas y las canalizó hacia el INEA.

    Educación para adultos frente al rezago educativo

    El desafío rebasa el ámbito local. A inicios de septiembre, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, señaló que 3.9 millones de personas mayores de 15 años todavía no sabían leer y escribir en México. Para 2026, el instituto atendía a 481 mil 818 personas, entre alfabetización, primaria y secundaria.

    En ese contexto, la alfabetización en Iztapalapa forma parte de un esfuerzo más amplio para reducir el rezago educativo. Los servicios del INEA están dirigidos a población de 15 años y más y contemplan alfabetización, primaria y secundaria. El marco operativo de 2026 mantiene un enfoque de gratuidad y derechos humanos.

    Para la alcaldía, la atención territorial busca identificar a quienes abandonaron sus estudios y facilitar su incorporación a estos servicios. La entrega de certificados permite observar resultados concretos, aunque la reducción del analfabetismo exige continuidad y medición de avances.

    Día del Pueblo suma servicios de salud y orientación jurídica

    La jornada también incluyó otros servicios públicos. Alavez informó sobre módulos de registro al IMSS-Bienestar para personas sin seguridad social y adelantó acciones relacionadas con el registro al Sistema Universal de Salud. Asimismo, se ofreció expedición gratuita de actas de nacimiento, además de orientación y asesoría jurídica.

    La alcaldesa invitó a las y los habitantes a utilizar los servicios de la Defensoría Social “Ponciano Arriaga”, particularmente para asuntos familiares, civiles, penales, agrarios y laborales. Durante su intervención también llamó a cuidar la infraestructura hidráulica durante la temporada de lluvias.

    “No se trata de sólo ir construyendo y construyendo más infraestructura, sino cuidar y darle mantenimiento a la que ya tenemos”.

    Aleida Alavez Ruiz

    Estas acciones amplían el alcance del Día del Pueblo más allá de la atención administrativa. El formato busca concentrar servicios y establecer mecanismos de contacto directo entre las autoridades de la demarcación y las comunidades.

    Iztapalapa retomará festejos del 15 de septiembre

    Alavez anunció además que Iztapalapa retomará este año la celebración del 15 de septiembre. Según la información proporcionada, los festejos del año anterior fueron suspendidos debido a la explosión de una pipa de gas que afectó a la comunidad.

    Para la celebración de 2026 se prevé la presentación de Pancho Barraza y el izamiento de una bandera monumental elaborada por la propia alcaldía. La actividad también marcará el inicio de trabajos de remodelación de la explanada principal de Iztapalapa.

    El anuncio incorpora una agenda de recuperación del espacio público a las actividades de septiembre. Los detalles operativos y alcances de las obras deberán conocerse conforme la alcaldía formalice el proyecto y su ejecución.

    Educación territorial y continuidad

    La entrega de certificados muestra un resultado concreto de la colaboración institucional entre Iztapalapa y el INEA. Sin embargo, alcanzar una reducción sostenida del rezago educativo requiere mantener la identificación, incorporación y acompañamiento de las personas que no han concluido su educación básica. La alfabetización en Iztapalapa deberá medirse no sólo por nuevas incorporaciones, sino también por la conclusión efectiva de los niveles educativos. La continuidad de los servicios territoriales y la coordinación con el INEA serán elementos centrales para determinar el avance de la estrategia.

    Aleida Alavez

    Iztapalapa

    Alfabetización

    INEA

    Educación

    Día del Pueblo

  • Minería de criptomonedas: aseguran granja en Puebla

    Minería de criptomonedas: aseguran granja en Puebla

    Autoridades federales y estatales aseguraron en Tlaola, Puebla, un inmueble presuntamente utilizado para minería de criptomonedas, donde localizaron cerca de 300 equipos de cómputo especializados en funcionamiento. El operativo fue realizado de manera coordinada por la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. También fueron encontrados un transformador de pedestal, aproximadamente 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre el funcionamiento de la instalación y analizan si los activos virtuales generados pudieron relacionarse con operaciones para dar apariencia de legalidad a recursos vinculados con actividades ilícitas.

    En breve

    • Equipos: cerca de 300 unidades especializadas GPU fueron localizadas en funcionamiento.
    • Infraestructura: se aseguró un transformador, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.
    • Operativo: participaron la FGR, la Secretaría de Marina y la SSP de Puebla.
    • Investigación: las autoridades analizan el origen y posible destino de los activos virtuales generados.

    Minería de criptomonedas: cerca de 300 equipos asegurados

    El comunicado SSP 183/2026, publicado el 6 de septiembre, establece que los equipos especializados estaban en funcionamiento cuando fue inspeccionado el inmueble. La infraestructura incluía alrededor de 300 GPU, además de instalaciones eléctricas y conexión satelital. El aseguramiento fue resultado de una acción conjunta de la FGR, Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla. Tanto el inmueble como los objetos localizados quedaron bajo resguardo de la autoridad competente mientras continúan las indagatorias.

    La Jornada reportó adicionalmente que las autoridades investigan si la infraestructura estaba conectada irregularmente a la red eléctrica. También se indaga si los activos virtuales obtenidos pudieron emplearse para lavado de dinero. Estas líneas permanecen como hipótesis de investigación y no como delitos acreditados.

    Una instalación tecnológica de alta capacidad

    Una granja de minería de criptomonedas concentra equipos informáticos capaces de ejecutar continuamente los cálculos necesarios para determinadas redes de activos digitales. Este tipo de instalaciones demanda infraestructura eléctrica, conectividad y sistemas de ventilación para mantener operando los dispositivos. La fotografía proporcionada muestra numerosas filas de equipos electrónicos, ventiladores y cableado en el interior del inmueble.

    La presencia de ocho antenas de internet satelital y aproximadamente 80 terminales de media tensión permite dimensionar la infraestructura encontrada. Sin embargo, esos elementos por sí mismos no acreditan una actividad delictiva. La investigación deberá establecer las condiciones en las que funcionaba la instalación y determinar si cumplía con las disposiciones aplicables.

    Autoridades investigan posibles operaciones ilícitas

    La SSP poblana informó oficialmente que se analiza si los activos virtuales generados mediante esta infraestructura pudieron utilizarse para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas. La precisión resulta relevante porque la minería de criptomonedas no está prohibida por sí misma en México. Las investigaciones se concentran en las posibles conductas ilícitas asociadas con la operación del inmueble.

    Hasta la información difundida inicialmente, no se habían reportado personas detenidas por este caso. El inmueble y la infraestructura permanecen asegurados mientras las autoridades desarrollan las diligencias correspondientes y determinan responsabilidades.

    Tlaola y la investigación en la Sierra Norte

    El inmueble fue localizado en Tlaola, municipio de la Sierra Norte de Puebla. El caso adquiere una dimensión adicional por el consumo eléctrico asociado con este tipo de centros tecnológicos. La investigación deberá determinar cómo era abastecida la instalación, si existían las autorizaciones correspondientes y cuál era el destino de los activos virtuales que pudieron generarse.

    Tecnología, energía y trazabilidad financiera

    El aseguramiento de Tlaola coloca en una misma investigación infraestructura digital, consumo energético y movimientos de activos virtuales. El hallazgo de cientos de equipos no demuestra por sí mismo la comisión de delitos. La relevancia jurídica del caso dependerá de lo que establezcan las diligencias de la FGR y las demás autoridades. Hasta entonces, corresponde distinguir entre la infraestructura efectivamente asegurada y las hipótesis sobre conexión eléctrica irregular o lavado de dinero que todavía permanecen bajo investigación.

    Minería de criptomonedas

    Puebla

    Tlaola

    Activos virtuales

    Ciberseguridad

    SSP Puebla

  • Waldo Fernández critica pugna política en Nuevo León

    Waldo Fernández critica pugna política en Nuevo León

    Waldo Fernández, aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, cuestionó la prolongada confrontación entre Movimiento Ciudadano, PRI y PAN en la entidad. Afirmó que esas fuerzas políticas mantienen disputas públicas, pero también alcanzan acuerdos cuando existen intereses coincidentes. El senador con licencia sostuvo que el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Congreso local se ha prolongado durante distintas administraciones y consideró que esa dinámica ha desplazado las necesidades ciudadanas. Sus señalamientos fueron difundidos este 7 de septiembre en un comunicado desde Monterrey y forman parte de su posicionamiento político durante el proceso interno de la coalición encabezada por Morena rumbo a 2027.

    En breve

    • Conflicto: Fernández afirma que Nuevo León se aproxima a once años de confrontaciones políticas recurrentes.
    • Acusación: sostiene que MC, PRI y PAN también alcanzan acuerdos cuando existen intereses coincidentes.
    • Instituciones: cuestiona que las disputas y negociaciones partidistas no se traduzcan en soluciones ciudadanas.
    • Contexto: participa en el proceso interno rumbo a la definición política de 2027 en Nuevo León.

    Waldo Fernández cuestiona una década de confrontación

    Fernández afirmó que Nuevo León se aproxima a once años de conflictos recurrentes entre el gobernador en turno y el Congreso estatal. De acuerdo con su planteamiento, la disputa institucional no surgió durante la administración actual, sino que tiene antecedentes en el gobierno anterior. “Vamos ya entrando al onceavo año de conflicto político en Nuevo León, donde el gobernador y el Congreso local se la pasan dándose con todo”, declaró. El señalamiento se produce en un escenario donde las diferencias entre fuerzas políticas dentro del Congreso estatal continúan formando parte de la discusión pública.

    Acusa acuerdos políticos entre MC, PRI y PAN

    El aspirante sostuvo que los enfrentamientos no han impedido acuerdos entre bloques cuando existen intereses compartidos. Según su versión, esa capacidad de negociación ha aparecido en decisiones relacionadas con recursos, posiciones institucionales y reformas. “Pero cuando se trata de repartir dinero, espacios políticos o de sacar reformas a modo que le convenga a los dos bloques, ahí sí se ponen de acuerdo”, afirmó. Como ejemplo, Waldo Fernández recordó que al inicio de la administración estatal actual hubo acuerdos entre PRI, PAN y Movimiento Ciudadano para distribuir distintos espacios, entre ellos magistraturas administrativas. Estas afirmaciones corresponden al posicionamiento del aspirante y no se presentan como hechos acreditados de manera independiente.

    El proceso político de Nuevo León rumbo a 2027

    Las declaraciones ocurren mientras Fernández participa en el proceso interno para definir la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León. El político solicitó licencia al Senado en junio de 2026 para concentrarse en ese proceso y posteriormente formalizó su registro como aspirante. Fernández llegó al Senado en las elecciones de 2024 dentro de la coalición integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. Antes fue diputado local de Morena en Nuevo León y diputado federal. En semanas recientes también ha llamado públicamente a mantener la unidad entre los perfiles que participan en el proceso interno de la transformación en el estado.

    Pide colocar el interés ciudadano en el centro

    El argumento central del comunicado no se limita a cuestionar la confrontación partidista. Waldo Fernández sostuvo que las instituciones deberían orientarse a resolver los problemas públicos, independientemente de las diferencias entre los grupos políticos. Según Fernández, los partidos han demostrado capacidad para confrontarse y también para negociar, pero esas dinámicas no necesariamente se han traducido en acuerdos enfocados en las prioridades ciudadanas. “Cuando se trata de perseguirse entre ellos, se utilizan; cuando se trata de ponerse de acuerdo entre ellos, se utilizan y nunca, nunca está el interés del ciudadano de por medio”, concluyó.

    Gobernabilidad como tema rumbo a 2027

    La relación entre el Ejecutivo, el Congreso y las distintas fuerzas políticas será uno de los temas que acompañarán la discusión pública de Nuevo León rumbo a 2027. Las acusaciones cruzadas forman parte de una confrontación política que deberá distinguirse de los hechos acreditados institucionalmente. Para la ciudadanía, el indicador relevante será la capacidad de los actores políticos para convertir sus diferencias en decisiones sobre seguridad, movilidad, servicios públicos, finanzas y desarrollo. En ese contexto, la gobernabilidad estatal puede convertirse en uno de los ejes de contraste entre quienes buscan encabezar el siguiente ciclo político de Nuevo León.

    Fuentes

    1. Comunicado No. 213 de Waldo Fernández, Monterrey, Nuevo León, 7 de septiembre de 2026.
    2. Congreso del Estado de Nuevo León — Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano
    3. Congreso del Estado de Nuevo León — Perfil de Waldo Fernández

    Waldo Fernández

    Nuevo León

    Movimiento Ciudadano

    PRI

    PAN

    Elecciones 2027

  • Programas Bienestar llegarán a 42.8 millones en 2026

    Programas Bienestar llegarán a 42.8 millones en 2026

    Los Programas Bienestar llegarán a 42.8 millones de mexicanas y mexicanos durante 2026, de acuerdo con el balance presentado este 7 de septiembre por la Secretaría de Bienestar. La política social federal contempla una inversión anual de un billón de pesos y concentra recursos en pensiones para personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, además de programas de salud, rehabilitación, apoyo a madres trabajadoras y desarrollo rural. El documento oficial también reporta avances en infraestructura para comunidades indígenas y afromexicanas, atención a personas migrantes y apoyos por emergencias. Las cifras forman parte del balance gubernamental sobre la expansión de la política de bienestar durante el segundo año de la administración federal.

    En breve

    • Cobertura: 42.8 millones de personas recibirán un programa de Bienestar durante 2026.
    • Inversión: el Gobierno proyecta una inversión social anual de un billón de pesos.
    • Pensiones: adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad concentran una parte relevante de la cobertura.
    • Otros programas: el balance incluye salud domiciliaria, rehabilitación, infraestructura comunitaria, Sembrando Vida y atención a emergencias.

    Programas Bienestar alcanzarán a 42.8 millones

    El dato central del informe es la cobertura proyectada para el cierre de 2026. La presentación de Bienestar sitúa en 42.8 millones el número de personas que recibirán alguno de estos programas y calcula una inversión social anual de un billón de pesos. La cifra coincide con la presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en su Segundo Informe de Gobierno, donde se precisó una proyección de 42 millones 860 mil 296 derechohabientes al cierre del año. La inversión también muestra un crecimiento significativo en la serie incluida por la Secretaría de Bienestar. El documento pasa de 106 mil 646 millones de pesos en 2018 a poco más de un billón en 2026, de acuerdo con las cifras gubernamentales.

    Pensiones concentran una parte de la cobertura

    Entre los principales componentes aparece la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. El reporte registra 13.7 millones de personas beneficiarias, con una transferencia de 6 mil 400 pesos bimestrales. La Pensión para Personas con Discapacidad alcanza a 2 millones de derechohabientes, con 3 mil 300 pesos bimestrales. Por su parte, Pensión Mujeres Bienestar registra 2.8 millones de mujeres de 60 a 64 años, quienes reciben 3 mil 100 pesos cada dos meses. Estas cifras son consistentes, en términos generales, con el balance presentado durante el Segundo Informe presidencial, que situó en más de 18 millones la cobertura conjunta de estas tres pensiones.

    Salud, cuidados y rehabilitación amplían la política social

    Los Programas Bienestar también incorporan componentes que no consisten exclusivamente en transferencias monetarias. El Programa de Rehabilitación e Inclusión reporta más de 25 mil niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años que reciben terapias especializadas sin costo. En Madres Trabajadoras, el balance registra 300 mil niñas y niños con apoyos de mil 650 pesos bimestrales destinados a contribuir con su cuidado y desarrollo. Salud Casa por Casa ocupa otro apartado relevante. La presentación del 7 de septiembre señala que 20 mil profesionales de la salud han realizado 23 millones de visitas domiciliarias a personas adultas mayores y con discapacidad.

    El documento también informa que más de 3.8 millones de personas adultas mayores y con discapacidad se registraron al Servicio Universal de Salud. La previsión gubernamental es que en 2027 puedan acceder a servicios del IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar independientemente de su derechohabiencia.

    Recursos directos para comunidades y campo

    El balance incorpora el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas. Según la presentación, 19 mil comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos recibieron recursos para construir obras decididas colectivamente mediante asambleas. En el ámbito rural, Sembrando Vida reporta 445 mil sembradoras y sembradores con una transferencia mensual de 6 mil 450 pesos. El Gobierno vincula el programa con economía rural, empleo y soberanía alimentaria.

    La política social también contempla respuestas extraordinarias. Cerca de 100 mil familias recibieron apoyo por afectaciones derivadas de lluvias torrenciales en cinco estados, con una inversión superior a 7 mil 426 millones de pesos. Además, los Centros de Atención para el Migrante reportaron atención para más de 197 mil personas, enfocada en necesidades inmediatas y condiciones dignas durante su estancia.

    Cobertura y evaluación de resultados

    La expansión de los Programas Bienestar coloca a la política social entre los componentes de mayor alcance presupuestario del Gobierno federal. El billón de pesos proyectado para 2026 refleja una estrategia que combina transferencias directas, servicios de salud, infraestructura comunitaria y programas productivos. El tamaño de la cobertura, sin embargo, es solamente una dimensión para evaluar sus resultados. También serán relevantes indicadores sobre ingreso, salud, autonomía económica, reducción de carencias y efectividad de las obras financiadas. El balance del 7 de septiembre permite dimensionar el alcance de los programas y sus principales poblaciones objetivo. La siguiente etapa será medir cómo esa inversión se traduce en resultados sostenibles para los hogares y comunidades atendidos.

    Fuentes

    1. Secretaría de Bienestar — Presentación “Política de bienestar que pone en el centro al pueblo”, 7 de septiembre de 2026.
    2. Presidencia de la República — Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo
    3. Programas para el Bienestar — Pensiones para el Bienestar apoyan a más de 18 millones de personas

    Programas Bienestar

    Claudia Sheinbaum

    Secretaría de Bienestar

    Pensiones

    Salud Casa por Casa

    Política social

  • Bloqueo contra Cuba dejó daños récord por 8,083 mdd

    Bloqueo contra Cuba dejó daños récord por 8,083 mdd

    El Gobierno de Cuba presentó una actualización sobre las afectaciones atribuidas al bloqueo contra Cuba de Estados Unidos durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026. El documento calcula perjuicios por 8 mil 83.3 millones de dólares, una cifra 7% superior a la reportada el año anterior. También estima daños acumulados por 178 mil 700.5 millones de dólares a precios corrientes. El informe examina impactos en energía, salud, educación, alimentos, transporte y operaciones financieras. Las cifras corresponden a la evaluación oficial cubana y se presentan en el contexto del debate internacional sobre las sanciones estadounidenses y sus efectos extraterritoriales.

    En breve

    • Daños: Cuba calcula 8 mil 83.3 millones de dólares en perjuicios durante los doce meses analizados.
    • Acumulado: El reporte eleva a 178 mil 700.5 millones de dólares el impacto histórico a precios corrientes.
    • Sectores: El documento describe afectaciones en energía, salud, educación, alimentos, transporte y finanzas.
    • Contexto ONU: La Asamblea General aprobó en 2025 la resolución A/RES/80/4 por 165 votos a favor, siete en contra y 12 abstenciones.

    Bloqueo contra Cuba: daños alcanzan cifra récord

    El informe sostiene que los perjuicios registrados en doce meses alcanzaron 8 mil 83.3 millones de dólares. El monto representa un incremento de 7% frente al periodo anterior. Según el documento, los daños acumulados durante décadas ascienden a 178 mil 700.5 millones de dólares a precios corrientes. Al considerar la variación del valor del oro frente al dólar, la estimación oficial eleva el acumulado a 3.896 billones de dólares. Cuba calcula además que, sin estas restricciones, su producto interno bruto a precios corrientes de 2025 habría sido 10.8% superior al valor estimado para ese año. Estas cifras forman parte de la contribución cubana solicitada en virtud de la resolución A/RES/80/4 de la Asamblea General de Naciones Unidas. La resolución, aprobada el 29 de octubre de 2025, pidió nuevamente poner fin al embargo económico, comercial y financiero. La votación registró 165 países a favor, siete en contra y 12 abstenciones. El cálculo económico es una estimación del Gobierno cubano y debe leerse como tal: cuantifica costos que La Habana atribuye directamente a la política estadounidense.

    Energía, salud y educación concentran afectaciones

    Una parte central del reporte está dedicada al impacto energético. El documento atribuye a las restricciones sobre combustibles un deterioro de la generación eléctrica y señala que, al cierre de mayo de 2026, existía un déficit de 2 millones 667 mil 800 toneladas de combustibles frente a lo planificado. También reporta que 1,400 megavatios de potencia disponible no generaban electricidad por falta de combustible. En salud, el informe describe dificultades para sostener servicios hospitalarios, cirugías, hemodiálisis y cadenas de frío. En educación, afirma que la escasez de combustibles limitó el traslado de estudiantes y docentes y obligó a modificar actividades académicas. La producción de alimentos aparece igualmente afectada: durante la campaña agrícola de frío, el reporte señala que determinados sistemas de riego operaron en promedio dos horas diarias frente a las 16 requeridas. Naciones Unidas ha expresado preocupación por el impacto de la escasez energética sobre servicios esenciales. El informe utiliza estos casos para sostener que el bloqueo contra Cuba tiene consecuencias que trascienden las transacciones comerciales y alcanzan servicios cotidianos para la población.

    Washington endureció medidas y defiende su política

    El documento también analiza el endurecimiento de las medidas estadounidenses durante 2026. El 29 de enero, la Casa Blanca emitió la Orden Ejecutiva 14380 y declaró una emergencia nacional respecto de Cuba. La orden creó un mecanismo para imponer aranceles adicionales a productos procedentes de países que suministraran petróleo directa o indirectamente a la isla. El 20 de febrero, Washington dejó sin efecto los aranceles adicionales establecidos bajo IEEPA, aunque mantuvo vigente la emergencia y otras acciones no arancelarias. Posteriormente, la Orden Ejecutiva 14404, del 1 de mayo, amplió facultades para sancionar personas, entidades e instituciones financieras vinculadas con determinadas operaciones cubanas. La administración estadounidense sostiene que estas medidas responden a objetivos de seguridad nacional, política exterior, democracia y derechos humanos. Cuba rechaza esa justificación y considera que las sanciones tienen alcance extraterritorial. El reporte afirma que 34 entidades bancarias internacionales suspendieron o rechazaron operaciones con Cuba entre marzo de 2025 y febrero de 2026. Ese contraste entre las posiciones de La Habana y Washington permanece en el centro de la disputa sobre el bloqueo contra Cuba.

    Un debate económico, humanitario y diplomático

    La actualización coloca nuevamente el costo económico y social de las sanciones en el centro de la agenda internacional. Las cifras de 8 mil 83.3 millones de dólares en un año y 178 mil 700.5 millones acumulados proceden de la metodología y evaluación del Gobierno cubano. Al mismo tiempo, las órdenes ejecutivas estadounidenses permiten constatar que Washington ha mantenido y ampliado instrumentos de presión sobre la isla, aunque algunas medidas arancelarias fueron posteriormente retiradas. El debate no se limita a una diferencia bilateral. La Asamblea General de la ONU ha reclamado de manera reiterada el fin del embargo, mientras Estados Unidos mantiene argumentos de seguridad nacional y política exterior para sostener su estrategia. Para evaluar el alcance del bloqueo contra Cuba resulta necesario distinguir las cifras oficiales cubanas, las decisiones jurídicas estadounidenses y las observaciones de organismos internacionales. Esa separación permite informar con mayor precisión sobre una disputa de más de seis décadas y sobre sus consecuencias económicas y humanitarias. La evolución posterior de las restricciones, la disponibilidad de combustibles y el acceso a financiamiento serán elementos centrales para contrastar los efectos reportados. También será relevante observar nuevas evaluaciones de Naciones Unidas y la respuesta diplomática de los Estados miembros ante la próxima discusión multilateral del tema.

    Fuentes

    1. Naciones Unidas — Resolución A/RES/80/4 y votación de la Asamblea General
    2. Casa Blanca — Orden Ejecutiva 14380, 29 de enero de 2026
    3. Informe de Cuba sobre las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, marzo de 2025-febrero de 2026.

    Cuba

    Estados Unidos

    Bloqueo

    Sanciones

    Naciones Unidas

    Economía

  • Aleida Alavez inicia remodelación de siete pueblos

    La alcaldesa Aleida Alavez dio inicio a un programa para remodelar las plazas centrales de siete pueblos originarios de Iztapalapa, con una inversión de al menos 30 millones de pesos. El anuncio se realizó en la Plaza Cívica Cuitláhuac, en Santiago Acahualtepec, ante residentes y autoridades territoriales. Las intervenciones incorporan propuestas vecinales y buscan mejorar infraestructura e imagen urbana sin perder el valor histórico de estos espacios. El programa comprende Santiago Acahualtepec, Santa María Aztahuacán, Los Reyes Culhuacán, San Sebastián Tecoloxtitla, San Andrés Tomatlán, San Lorenzo Tezonco y San Juanico Nextipac. La administración prevé continuar en 2027 con otros cinco pueblos.

    En breve

    • Inversión: la alcaldía anunció al menos 30 millones de pesos para las intervenciones de 2026.
    • Cobertura: serán remodeladas las plazas centrales de siete pueblos originarios de Iztapalapa.
    • Participación: los proyectos incorporan propuestas planteadas por habitantes de las comunidades.
    • Siguiente etapa: la administración prevé intervenir espacios de otros cinco pueblos durante 2027.

    Aleida Alavez inicia obras con inversión de 30 millones

    El arranque se realizó en Santiago Acahualtepec. De acuerdo con la información difundida por la alcaldía, las siete plazas serán intervenidas durante 2026 mediante una inversión conjunta de al menos 30 millones de pesos. Los proyectos fueron planteados con participación de habitantes. El objetivo anunciado es recuperar infraestructura, mejorar la imagen urbana y conservar el carácter histórico de los centros comunitarios. Además de Santiago Acahualtepec, las obras abarcarán Santa María Aztahuacán, Los Reyes Culhuacán, San Sebastián Tecoloxtitla, San Andrés Tomatlán, San Lorenzo Tezonco y San Juanico Nextipac. La información pública disponible no especifica cuánto presupuesto corresponderá a cada plaza ni presenta un desglose completo de las obras que se realizarán individualmente en cada pueblo.

    Habitantes reunidos durante la presentación de obras para pueblos de Iztapalapa
    Residentes escuchan la presentación de las intervenciones previstas en espacios comunitarios de Iztapalapa.

    Espacios públicos pensados desde la vida comunitaria

    Durante el encuentro, Aleida Alavez sostuvo que las intervenciones están pensadas para quienes utilizan diariamente estos espacios: niñas y niños, jóvenes, mujeres, comerciantes y familias. La recuperación de las plazas tiene así una dimensión que rebasa la renovación física. Se trata de lugares donde convergen actividades económicas, celebraciones, encuentros familiares y expresiones culturales de las comunidades. La alcaldesa señaló que se busca devolver vitalidad a los espacios, mejorar su infraestructura y preservar su valor histórico. Ese equilibrio será uno de los elementos centrales durante la ejecución. La participación vecinal adquiere especial relevancia porque los centros de los pueblos no funcionan únicamente como infraestructura urbana. También concentran prácticas sociales y culturales vinculadas con la identidad de cada comunidad.

    Mujeres indígenas, memoria e identidad

    El acto se desarrolló en el contexto del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, conmemorado cada 5 de septiembre. Alavez vinculó la intervención de los espacios públicos con el papel de las mujeres y niñas de pueblos originarios y comunidades indígenas residentes en Iztapalapa. En su mensaje destacó su participación en la transmisión de lenguas, conocimientos y prácticas comunitarias. También relacionó esas tareas con la conservación del patrimonio y la identidad local. La alcaldesa recordó además la reciente presencia de Rigoberta Menchú Tum en Santiago Acahualtepec, durante la Cuarta Sesión de la Comisión de Inclusión Intercultural. El planteamiento conecta la dignificación física de las plazas con la conservación de los espacios donde las comunidades se encuentran y reproducen cotidianamente sus expresiones culturales.

    Aleida Alavez habla con micrófono durante encuentro comunitario en Iztapalapa
    Aleida Alavez durante el encuentro realizado en Santiago Acahualtepec para anunciar las intervenciones.

    Siete pueblos en 2026 y otros cinco para 2027

    El programa tendrá una segunda etapa. La alcaldía anunció que durante 2027 prevé intervenir las plazas de otros cinco pueblos originarios de Iztapalapa. La administración también anticipó que los espacios renovados serán incorporados a una futura ruta turística de la demarcación, aunque hasta ahora no se ha informado cuándo comenzará a operar ese recorrido. La propuesta busca vincular el mejoramiento urbano con la difusión del patrimonio, las festividades, la gastronomía y la identidad comunitaria. Para Aleida Alavez, dignificar estos centros significa preservar los lugares donde la cultura se reproduce cotidianamente y donde las comunidades mantienen sus formas de organización. El alcance final del programa dependerá tanto de la ejecución de las obras como de la conservación del carácter propio de cada plaza.

    Renovar sin borrar la memoria

    La intervención de las plazas de siete pueblos originarios plantea un reto que va más allá de ejecutar obra pública. La renovación deberá conciliar infraestructura contemporánea, seguridad, accesibilidad y necesidades vecinales con la conservación del carácter histórico de cada espacio. La incorporación de propuestas de residentes ofrece un punto de partida para ese equilibrio. El siguiente indicador será observar cómo se traducen esas propuestas durante la ejecución y qué resultados concretos obtiene cada comunidad. También será importante conocer el desglose de los recursos y las características específicas de cada intervención. La inversión global anunciada es de al menos 30 millones de pesos, pero hasta ahora no existe un reparto público detallado por plaza. En una demarcación donde los pueblos originarios mantienen expresiones culturales y formas de organización comunitaria, recuperar sus espacios centrales puede fortalecer tanto la vida cotidiana como la memoria colectiva.

    Aleida Alavez

    Iztapalapa

    Pueblos originarios

    Espacio público

    Santiago Acahualtepec

    Mujeres indígenas

  • Inteligencia artificial llega a la Suprema Corte

    Inteligencia artificial llega a la Suprema Corte

    La inteligencia artificial comienza a abrirse paso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como herramienta de apoyo para las tareas jurisdiccionales. La ministra Loretta Ortiz Ahlf informó que la incorporación fue una decisión del Pleno, aunque expresó reservas sobre iniciar su utilización antes de establecer reglas específicas para los procesos jurídicos. Durante actividades académicas realizadas en Guadalajara, Ortiz planteó que la tecnología puede contribuir a organizar información y agilizar determinadas tareas, pero advirtió sobre riesgos relacionados con transparencia, sesgos y responsabilidad. Su planteamiento coloca una pregunta central para la nueva etapa tecnológica del Poder Judicial: cómo aprovechar estas herramientas sin trasladar a un algoritmo decisiones que corresponden a las personas juzgadoras.

    En breve

    • Incorporación: Loretta Ortiz informó que el Pleno decidió utilizar IA como herramienta de apoyo en tareas jurisdiccionales.
    • Regulación: La ministra considera que debieron establecerse reglas específicas antes de iniciar su utilización.
    • Alcance: La tecnología puede apoyar clasificación, organización documental, búsqueda de precedentes y determinados flujos de trabajo.
    • Límite: La responsabilidad de interpretar, valorar y resolver debe permanecer en las personas juzgadoras.

    Inteligencia artificial entra al debate de la Suprema Corte

    La información surgió durante la participación de Loretta Ortiz en actividades académicas realizadas el 4 de septiembre en Guadalajara. La ministra señaló que el Pleno había decidido incorporar inteligencia artificial como herramienta de apoyo en el trabajo jurisdiccional. Ortiz indicó que no coincidió plenamente con la secuencia adoptada y sostuvo que primero debía establecerse una regulación para el empleo de estas tecnologías en procesos judiciales y jurídicos. La advertencia adquiere relevancia porque las herramientas automatizadas pueden intervenir en tareas aparentemente administrativas que también tienen consecuencias jurídicas. Ortiz puso como ejemplo la asignación de asuntos y planteó la necesidad de poder explicar cómo opera un algoritmo cuando participa en procesos internos de la Corte. La información disponible, sin embargo, no permite establecer qué plataforma tecnológica utilizará la SCJN ni cuáles serán exactamente sus primeras funciones. Tampoco especifica proveedor, modelo de lenguaje o arquitectura.

    Una herramienta de apoyo, no un sustituto del juzgador

    La discusión va más allá de automatizar trámites. En otra conferencia realizada en la Universidad de Guadalajara, Ortiz desarrolló con mayor amplitud su visión sobre la inteligencia artificial aplicada a la función jurisdiccional. Estas tecnologías pueden apoyar la clasificación de asuntos, organización de expedientes, gestión de plazos, notificaciones y automatización de determinados flujos de trabajo. También pueden facilitar la identificación de precedentes y el procesamiento de grandes cantidades de información. Estas capacidades podrían convertirse en instrumentos para reducir cargas administrativas y facilitar la consulta de información jurídica. El límite aparece cuando una herramienta deja de asistir y comienza a influir de manera opaca en decisiones que afectan derechos. Juzgar implica analizar hechos y pruebas, interpretar normas, valorar circunstancias particulares y asumir responsabilidad sobre la resolución. El planteamiento distingue así entre utilizar tecnología para asistir el trabajo judicial y delegar en sistemas automatizados la responsabilidad de impartir justicia.

    Loretta Ortiz pide regulación y responsabilidad humana

    La ministra no planteó un rechazo general a la innovación tecnológica. Su intervención se concentró en las condiciones bajo las cuales debe incorporarse. Uno de los riesgos identificados es convertir la eficiencia en el único parámetro para evaluar estas herramientas. Una respuesta rápida no necesariamente equivale a una decisión jurídicamente correcta. La inteligencia artificial puede transformar el trabajo de los tribunales, pero la responsabilidad de decidir debe permanecer en manos humanas. Ese principio resulta especialmente relevante en un tribunal constitucional. Las resoluciones de la Suprema Corte pueden definir el alcance de derechos, interpretar normas constitucionales y establecer criterios con consecuencias para instituciones y personas. Por ello, conocer cómo funciona una herramienta utilizada dentro del proceso judicial puede adquirir una dimensión de debido proceso y rendición de cuentas. La discusión también coincide con un debate más amplio sobre tecnología, vigilancia, desinformación y protección de derechos fundamentales.

    La justicia digital entra en una nueva etapa

    La incorporación de herramientas tecnológicas en los tribunales mexicanos puede ofrecer oportunidades importantes. El procesamiento documental, la búsqueda de precedentes y determinadas labores administrativas son áreas donde la tecnología puede reducir tiempos. Pero el potencial de eficiencia plantea una exigencia paralela: establecer límites verificables. Un sistema utilizado por un tribunal debería permitir conocer para qué tareas está autorizado, qué información procesa y quién responde cuando produce un resultado incorrecto. También resulta relevante determinar cuándo una persona debe revisar obligatoriamente sus resultados. La transparencia adquiere todavía mayor importancia si los sistemas intervienen en distribución de expedientes, análisis documental o identificación de criterios jurídicos. En ese escenario, la discusión abierta por Loretta Ortiz no enfrenta necesariamente tecnología contra justicia. Coloca el énfasis en las reglas que deben vincular ambas y en la responsabilidad institucional de preservar las garantías jurídicas.

    Innovación con límites verificables

    La llegada de herramientas de inteligencia artificial al trabajo jurisdiccional representa un cambio relevante para la administración de justicia en México. La tecnología puede ayudar a procesar información, localizar precedentes y disminuir cargas operativas. Sin embargo, esas ventajas no eliminan las obligaciones de transparencia, fundamentación y responsabilidad propias de una institución judicial. El punto central será determinar qué puede hacer la tecnología y qué decisiones deben permanecer exclusivamente bajo responsabilidad humana. También será necesario conocer el marco técnico y normativo con el que la Suprema Corte instrumentará estas herramientas. Hasta ahora, las fuentes consultadas documentan la decisión señalada por Loretta Ortiz y sus advertencias, pero no ofrecen especificaciones suficientes para evaluar el sistema concreto. La discusión, por tanto, apenas comienza. La transformación digital de la justicia puede acelerar procesos, pero su legitimidad dependerá de que la innovación permanezca subordinada a los derechos, la transparencia y la responsabilidad de quienes imparten justicia.

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