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El partido oficialista organiza reuniones en plazas públicas de los 32 estados. La estrategia responde al llamado de la presidenta para combatir la desinformación.

A partir de una estrategia anunciada por la dirigencia nacional, Morena realizará más de 200 asambleas informativas este fin de semana en plazas públicas y espacios comunitarios de las 32 entidades del país. La convocatoria responde directamente al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien el 31 de mayo convocó a la ciudadanía a “tomar las plazas” para defender la soberanía nacional frente a lo que calificó como una campaña de desinformación orquestada por sectores de la ultraderecha internacional[reference:19]. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, detalló que el despliegue territorial se prolongará durante junio, julio y agosto, con la meta de realizar al menos una asamblea por municipio[reference:20].

Origen de la estrategia: el llamado presidencial

El 31 de mayo, durante la rendición de cuentas por el segundo aniversario de su victoria electoral en el Monumento a la Revolución, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió sobre una “operación de desinformación” que busca erosionar a su gobierno. Señaló que el uso de cuentas falsas, bots y algoritmos manipulados forma parte de una disputa por “cambiar la percepción de la realidad”[reference:21]. Ante ello, convocó a la ciudadanía a organizar asambleas informativas en plazas públicas bajo la consigna “La patria no se vende”[reference:22].

Días después, Morena formalizó su respuesta. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, anunció una primera etapa de 2 mil 600 asambleas informativas, que incluye las más de 200 reuniones de este fin de semana[reference:23]. El partido también perfila realizar 30 millones de visitas casa por casa antes de que concluya el año[reference:24].

La narrativa: soberanía frente a la injerencia extranjera

El discurso que atraviesa estas asambleas tiene dos ejes centrales. Por un lado, la defensa de la soberanía nacional ante actos que el gobierno considera injerencistas, como la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para detener y extraditar a diez funcionarios mexicanos en activo sin presentar pruebas[reference:25]. Por otro, el combate a la desinformación mediante la difusión de “datos verificables” sobre los logros de la Cuarta Transformación.

Entre los datos que el partido ha destacado en comunicados y redes sociales se encuentran la reducción de homicidios dolosos en 49 por ciento entre 2019 y 2025, y el hecho de que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza en ese mismo periodo[reference:26]. La presidenta también ha informado una reducción de 20 por ciento en delitos de alto impacto durante sus primeros 20 meses de gobierno[reference:27]. El partido busca contrastar estas cifras con lo que califica como una “narrativa construida desde la falsedad” impulsada por la derecha nacional e internacional[reference:28].

Organización territorial y participación ciudadana

El despliegue de las asambleas no se limita a un público militante. Morena ha insistido en que las reuniones están abiertas a toda la ciudadanía, “con y sin partido”, con el objetivo de dialogar sobre el acontecer nacional y la transformación del país[reference:29][reference:30]. La estructura organizativa contempla la participación de la militancia, autoridades emanadas del movimiento, comités ejecutivos estatales y la dirigencia nacional, con un formador político en cada distrito[reference:31]. En el Estado de México, por ejemplo, las asambleas se realizaron en los 40 distritos federales[reference:32]. Morena también ha publicado una liga de consulta con las sedes y horarios de todas las reuniones[reference:33].

Reacciones internas y llamado a la unidad

La estrategia ha recibido el respaldo de los principales líderes del partido. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados morenistas, calificó la decisión de Ariadna Montiel y de Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones, como “acertada”[reference:34]. Monreal hizo un llamado a evitar divisiones internas y a no dejar sola a la presidenta, que enfrenta “retos y desafíos formidables, como ningún otro hombre presidente se había enfrentado”[reference:35]. El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, por su parte, destacó la importancia de que la dirigente nacional “acuda a enfrentar esas contradicciones y a lograr esta unidad”, pues Morena debe encabezar la lucha por la soberanía[reference:36].

La excepción de Coahuila

Un dato relevante es que las asambleas no se realizan en Coahuila. El partido informó que, debido a la veda electoral en esa entidad, las reuniones se llevan a cabo en las 31 entidades restantes[reference:37].

Implicaciones estratégicas para el debate público

Más allá de la coyuntura política, la realización de estas asambleas plantea una reflexión sobre el estado de la deliberación democrática en México. La convocatoria a ocupar las plazas públicas para debatir temas de interés nacional no es una innovación; los movimientos sociales y los partidos políticos han recurrido históricamente a esta herramienta. Sin embargo, la escala del despliegue (miles de asambleas, millones de visitas) y el hecho de que sea impulsado desde el partido en el gobierno plantean interrogantes sobre la frontera entre la comunicación gubernamental, la propaganda partidista y la construcción de una ciudadanía informada.

El éxito de la estrategia dependerá de que los datos presentados sean verificables y de que el espacio de diálogo sea genuinamente abierto, no un mero acto de afirmación militante. Para la ciudadanía, estas asambleas representan una oportunidad para contrastar versiones, cuestionar cifras y participar en la discusión pública. Para el gobierno, son una apuesta por controlar la narrativa en un contexto de creciente polarización.

Cierre editorial

La organización de más de 200 asambleas informativas por parte de Morena es la materialización de un llamado presidencial a defender la soberanía nacional mediante el diálogo en plazas públicas. El despliegue territorial masivo refleja la apuesta del partido por la organización de base como herramienta de comunicación política. El reto será que estos espacios no se conviertan en monólogos, sino en foros donde las cifras oficiales puedan ser debatidas, y donde la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la información sin adoctrinamiento. La democracia se fortalece con plazas llenas, pero también con diversidad de voces.

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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone crear un apartado específico para comercio electrónico en el Código Fiscal de la Federación, ante los desafíos de erosión de bases gravables y traslado de utilidades.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena) advirtió que México debe actualizar su marco fiscal para enfrentar los retos de la economía digital. Señaló que la erosión de bases gravables y el traslado artificial de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) han cobrado relevancia con la expansión de plataformas tecnológicas, activos intangibles y servicios transfronterizos. Las reglas fiscales internacionales fueron diseñadas para una economía con presencia física, pero hoy las multinacionales generan ingresos en distintos países sin necesidad de establecimientos tradicionales. Ante ello, propuso incorporar un apartado específico para comercio electrónico dentro del Código Fiscal de la Federación. La propuesta fue analizada en una mesa de trabajo en Tijuana, como parte de los trabajos de la Comisión de Hacienda.

El fenómeno BEPS y la presión sobre los sistemas tributarios

Ramírez Cuéllar explicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20 han impulsado una agenda internacional para combatir la erosión de bases gravables y evitar el traslado artificial de utilidades hacia jurisdicaciones de baja tributación. El objetivo es asegurar que las empresas paguen impuestos en los lugares donde efectivamente generan valor económico. Esta agenda representa una de las transformaciones más importantes de la tributación global en décadas. Busca corregir distorsiones que afectan la equidad fiscal, la competencia económica y la capacidad recaudatoria de los Estados.

“Hoy la discusión internacional ya no se limita a cómo recaudar más. El debate se centra en cómo construir sistemas tributarios capaces de gravar adecuadamente la actividad económica digital, garantizar condiciones de competencia equitativas y preservar la integridad de las finanzas públicas”, afirmó el legislador.

Avances y pendientes en México

El diputado reconoció que México ha realizado avances importantes. Se han incorporado regímenes para plataformas digitales, mecanismos de retención y herramientas electrónicas de cumplimiento. Sin embargo, consideró necesario continuar fortaleciendo el marco jurídico nacional. Los desafíos incluyen el comercio electrónico, los servicios digitales transfronterizos, la monetización de datos y los nuevos modelos de negocio digitales. Por ello, planteó la conveniencia de incorporar un apartado específico para comercio electrónico dentro del Código Fiscal de la Federación.

Este apartado concentraría disposiciones relacionadas con plataformas digitales, trazabilidad de operaciones, intercambio de información, servicios transfronterizos, cumplimiento tributario y nuevas herramientas tecnológicas de fiscalización. La medida busca dar certidumbre jurídica a los contribuyentes y facilitar la labor de las autoridades hacendarias.

Equilibrio entre fiscalización e innovación

Ramírez Cuéllar subrayó que cualquier reforma deberá buscar un equilibrio. Por un lado, fortalecer las capacidades de supervisión del Estado. Por otro, promover la innovación, la inversión y el crecimiento económico. “Necesitamos reglas claras que generen certeza jurídica, faciliten el cumplimiento voluntario y permitan que la economía digital continúe siendo un motor de desarrollo y bienestar”, sostuvo.

El legislador enfatizó que no se trata de frenar el comercio electrónico o los servicios digitales, sino de garantizar que contribuyan al desarrollo nacional en condiciones de equidad. Las empresas que operan en México deben pagar impuestos aquí, no en paraísos fiscales.

La mesa de trabajo en Tijuana

Los planteamientos fueron analizados durante la tercera mesa de trabajo sobre Economía Digital y Comercio Electrónico, realizada en Tijuana, Baja California. El encuentro forma parte de los trabajos impulsados por la Comisión de Hacienda y Crédito Público para construir una agenda de modernización del Código Fiscal de la Federación. Participaron especialistas, representantes del sector empresarial, académicos y legisladores. Sus aportaciones contribuirán a la elaboración de propuestas orientadas a fortalecer el sistema tributario mexicano en el siglo XXI.

Tijuana fue elegida por ser una frontera dinámica donde el comercio electrónico y los servicios digitales transfronterizos tienen un peso significativo. Las conclusiones de esta mesa se sumarán a las de encuentros previos en otras ciudades del país.

Oportunidades estratégicas para México

La actualización del marco fiscal en materia de economía digital no es solo una necesidad técnica, sino una oportunidad estratégica. México puede posicionarse como un país con reglas claras y modernas para atraer inversiones en el sector tecnológico. También puede aumentar su recaudación sin crear nuevos impuestos, simplemente cerrando las brechas que permiten la erosión de bases gravables.

En el contexto del Plan México y la estrategia de nearshoring, contar con un código fiscal adaptado a la realidad digital es indispensable. Las empresas que se instalen en el país necesitan certeza sobre cómo se gravarán sus operaciones digitales y transfronterizas. La propuesta de Ramírez Cuéllar apunta en esa dirección.

Cierre editorial

La economía digital ha llegado para quedarse. México no puede seguir tributando como si estuviéramos en el siglo XX. La propuesta de crear un apartado específico para comercio electrónico en el Código Fiscal de la Federación es un paso necesario. No se trata de aumentar la carga fiscal, sino de hacerla más justa y eficiente. Las grandes tecnológicas y las plataformas digitales deben contribuir al desarrollo del país en la misma medida que los negocios físicos. El Congreso tiene ahora la oportunidad de modernizar el sistema tributario. La mesa de trabajo en Tijuana es un buen comienzo. Falta voluntad política para convertir las propuestas en leyes.

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Comisión Anticorrupción del Congreso local aprueba inicio del procedimiento. Ramírez Cuéllar reconoce a legisladores por impulsar rendición de cuentas.

El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar reconoció a las y los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León por aprobar el inicio del procedimiento de juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda. El proceso se deriva de presuntos actos relacionados con triangulación de recursos públicos y posibles hechos de corrupción. La Comisión avaló el avance, que ahora deberá ser analizado por el Pleno del Congreso estatal. Ramírez Cuéllar subrayó que nadie debe estar por encima de la ley y que todas las personas servidoras públicas deben rendir cuentas cuando existan señalamientos que ameriten ser investigados. El legislador destacó la congruencia de la diputada Grecia Benavides, militante de Morena, por respaldar el procedimiento.

Un procedimiento con sustento institucional

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León dio un paso clave al aprobar el inicio del juicio político contra el gobernador Samuel García. Las acusaciones se centran en presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, incluyendo triangulación de fondos. El dictamen de la Comisión ahora será turnado al Pleno del Congreso local, que determinará si el proceso continúa conforme a las disposiciones legales aplicables.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, expresó su respaldo a la decisión. Señaló que el fortalecimiento del Estado de derecho requiere que todas las denuncias por posibles actos de corrupción sean investigadas con seriedad, profesionalismo y absoluta transparencia. “Nadie debe estar por encima de la ley, nadie puede gozar de privilegios o excepciones”, afirmó.

Rendición de cuentas sin distinciones partidistas

Uno de los aspectos más relevantes del pronunciamiento de Ramírez Cuéllar fue el reconocimiento explícito a la diputada Grecia Benavides, integrante de la Comisión Anticorrupción y militante de Morena. El legislador federal destacó su congruencia al respaldar el avance del procedimiento, demostrando que el compromiso con la rendición de cuentas debe prevalecer por encima de intereses personales o partidistas.

Esta postura refuerza la idea de que las instituciones deben actuar con independencia y que la lucha contra la corrupción no puede estar sujeta a lealtades políticas. La confianza ciudadana en las instituciones se fortalece cuando se investiga a servidores públicos de cualquier signo partidista.

El camino del juicio político en Nuevo León

El procedimiento de juicio político está regulado por la Constitución local y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. La aprobación por parte de la Comisión Anticorrupción es el primer filtro. El siguiente paso es la discusión y votación en el Pleno del Congreso. Se requiere mayoría calificada para declarar lugar a procedimiento.

De ser así, se instalaría un juicio político que podría concluir con la destitución del gobernador y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. El proceso debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del acusado. Las autoridades competentes tienen la responsabilidad de conducir cada etapa con apego a la legalidad.

Implicaciones para la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción

El avance del juicio político contra Samuel García ocurre en un contexto de tensión política en Nuevo León. El gobernador ha enfrentado múltiples señalamientos desde el inicio de su administración, incluyendo controversias por el uso de recursos durante la pandemia y por presuntos contratos irregulares. La decisión del Congreso local será observada con atención por la opinión pública y por actores políticos nacionales.

Ramírez Cuéllar subrayó que México necesita instituciones sólidas, capaces de investigar y sancionar cualquier acto de corrupción sin distinciones partidistas. La ciudadanía exige transparencia, rendición de cuentas y resultados concretos en la lucha contra la impunidad. El caso de Nuevo León es una prueba de fuego para la efectividad de los mecanismos de control político en las entidades federativas.

Oportunidades estratégicas para fortalecer la legalidad

Independientemente del desenlace específico, el hecho de que se active un procedimiento de juicio político contra un gobernador en funciones envía una señal importante. Los servidores públicos saben que sus actos pueden ser revisados y, en su caso, sancionados. Para la ciudadanía, es una muestra de que las instituciones funcionan.

El reto es garantizar que el proceso sea transparente, imparcial y apegado a derecho. No se trata de prejuzgar, sino de permitir que las autoridades competentes determinen si existieron o no irregularidades. La confianza en el sistema se construye con procedimientos claros y resultados basados en pruebas. Nuevo León tiene la oportunidad de demostrar que el combate a la corrupción no es un discurso, sino una práctica institucional.

Cierre editorial

El avance del juicio político contra Samuel García es un momento decisivo para Nuevo León y para la democracia mexicana. La decisión de la Comisión Anticorrupción y el reconocimiento de Ramírez Cuéllar a la diputada Benavides muestran que la rendición de cuentas puede trascender las divisiones partidistas.

El proceso recién comienza. Corresponde ahora al Pleno del Congreso estatal determinar si el procedimiento continúa. Lo importante es que se actúe con legalidad, transparencia y respeto al debido proceso. México necesita que cada denuncia de corrupción sea investigada, sin privilegios y sin simulaciones. Solo así se fortalecerá la confianza ciudadana en las instituciones y se consolidará el Estado de derecho.

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