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El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar propone limitar exenciones a quienes organicen el evento; llama a evitar privilegios desproporcionados y respetar propiedad intelectual.

Tras el arranque del Mundial 2026, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar exhortó al gobierno federal a revisar con cuidado el esquema de beneficios fiscales, permisos y exenciones vinculados al torneo. Señaló que no puede permitirse que la inversión en infraestructura, vialidades y movilidad —financiada con recursos públicos— quede socializada mientras las ganancias se concentran en grandes corporaciones. Propuso acotar estrictamente las exenciones fiscales a quienes participen directamente en la organización del evento. También advirtió que la transmisión comercial de partidos en negocios debe sujetarse a la normativa de propiedad intelectual, evitando tanto la piratería como un esquema que limite el disfrute colectivo del deporte.

Exenciones fiscales: justicia social y recaudación responsable

Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, fue enfático: “Si el pueblo mexicano contribuye con sus impuestos a la preparación del evento, el beneficio no puede reservarse únicamente para la FIFA, sus patrocinadores y grandes operadores”. En este sentido, propuso delimitar con precisión a quiénes aplican las facilidades fiscales, bajo qué condiciones y por cuánto tiempo, para evitar que se conviertan en privilegios desproporcionados o en cargas adicionales para pequeños comercios y consumidores.

El diputado recordó que la organización del Mundial 2026 ha implicado una inversión millonaria en obras de infraestructura, adecuaciones urbanas y seguridad. Su postura es que cualquier beneficio tributario debe estar vinculado directamente con la organización del evento y no extenderse a sectores ajenos a la logística o promoción oficial.

Propiedad intelectual: equilibrio entre derechos y acceso popular

Otro de los ejes de la propuesta legislativa es la protección de la propiedad intelectual sin caer en un modelo excluyente. Ramírez Cuéllar reconoció que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) debe verificar el uso comercial de la señal, las transmisiones públicas y la utilización de marcas, símbolos, logotipos y frases protegidas vinculadas con la Copa Mundial. Sin embargo, advirtió que el esquema actual no puede trasladar de manera desproporcionada los beneficios a la organización internacional mientras limita el acceso de pequeños comercios y de la población al disfrute colectivo del Mundial.

“No se trata de ignorar la ley ni de relajar las verificaciones del IMPI; se trata de revisar un esquema que concentra las ganancias y encarece la participación de los negocios locales, convirtiendo un evento que debería ser popular en un negocio altamente privatizado”, señaló.

La postura de legisladores de Morena

A la postura de Ramírez Cuéllar se sumaron otros legisladores y legisladoras de Morena. Coincidieron en que el esquema de beneficios debe revisarse con responsabilidad para asegurar que responda al interés nacional y no derive en tratamientos excepcionales ajenos a la legalidad tributaria. Señalaron que cualquier disposición de esta naturaleza debe estar claramente acotada, debidamente justificada y vinculada con la organización directa del evento.

Asimismo, insistieron en que la discusión no debe centrarse en retirar medidas de control para los negocios, sino en evitar que el esquema de derechos y permisos diseñado por la FIFA termine por privatizar un evento de interés público y de alcance social mucho mayor.

El contexto de los acuerdos FIFA y la experiencia internacional

Los organizadores de la Copa Mundial de 2026 —coanfitriones México, Estados Unidos y Canadá— han firmado acuerdos con la FIFA que incluyen compromisos de exención de impuestos, facilidades aduaneras y protección de marcas. Estos acuerdos son comunes en eventos de esta magnitud y buscan atraer la inversión del organismo rector del futbol mundial. Sin embargo, la experiencia de pasadas ediciones ha mostrado que los beneficios fiscales tienden a ser muy amplios, generando críticas por parte de sectores que consideran que la población local no obtiene una compensación justa.

México ya tuvo antecedentes de revisión legislativa durante la organización del Mundial 1970 y 1986, pero el tamaño y la complejidad del evento de 2026 —con 48 selecciones y 104 partidos— hacen más relevante el debate actual.

Implicaciones para la recaudación y los pequeños negocios

El llamado de Ramírez Cuéllar tiene consecuencias prácticas. Por un lado, busca proteger la recaudación fiscal al evitar que empresas no vinculadas directamente con la organización del Mundial aprovechen exenciones injustificadas. Por otro lado, plantea un equilibrio: los pequeños negocios (restaurantes, bares, tiendas de conveniencia) deben pagar las licencias correspondientes para transmitir partidos, pero el costo de dichas licencias no debe ser prohibitivo ni diseñado exclusivamente para grandes cadenas.

El diputado subrayó que el interés público exige evitar privilegios amplios, proteger la recaudación y garantizar reglas claras para establecimientos y contribuyentes. “México necesita eventos de gran escala, sí, pero con reglas firmes, instituciones sólidas y una visión en la que el crecimiento se traduzca en bienestar y no en privilegios”, concluyó.

Cierre editorial

La postura del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar abre un debate necesario: ¿Cómo se equilibra la atracción de eventos globales con la protección del interés público y la justicia fiscal? El Mundial 2026 es una oportunidad única para mostrar a México ante el mundo, pero también debe ser una ocasión para que los beneficios económicos lleguen a las comunidades locales y no solo a las grandes corporaciones.

Limitar las exenciones fiscales a los actores directamente involucrados en la organización y garantizar que los pequeños comercios puedan participar sin costos excesivos es una ruta sensata. La propiedad intelectual debe respetarse, pero el esquema de derechos no puede ser una barrera que convierta un evento popular en un negocio exclusivo. México está a tiempo de ajustar las reglas para que la fiesta del futbol también sea una fiesta de legalidad, equidad y prosperidad compartida.

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Se crea Ventanilla Nacional Digital y Plataforma de Establecimientos Mercantiles. Sheinbaum garantiza resolución de trámites para inversiones en máximo 30 días.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones, un mecanismo para agilizar proyectos estratégicos. “El objetivo es eliminar la corrupción, que todo sea digital y muy rápida la resolución de trámites”, afirmó. La nueva instancia dará seguimiento directo a proyectos que cumplan con criterios específicos para acelerar su aprobación en un máximo de 30 días. Como parte de esta estrategia se crearon la Ventanilla Nacional Digital de Inversiones (inversiones.gob.mx) y la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles (establecimientos-mercantiles.gob.mx). En paralelo, la Cofepris redujo drásticamente sus tiempos de respuesta para diversos trámites.

Una ventanilla única para inversiones de alto impacto

La Oficina Presidencial está diseñada para atender en una primera etapa proyectos con una inversión igual o mayor a 2 mil millones de pesos, y en una segunda etapa ampliará su alcance a empresas medianas[reference:13]. La Ventanilla Nacional Digital de Inversiones (inversiones.gob.mx) permite a las empresas cargar, dar seguimiento y obtener resoluciones de trámites federales en un solo punto, eliminando ventanillas intermedias y reduciendo los márgenes para actos de corrupción. Los proyectos que reciban el visto bueno obtendrán una Constancia de Autorización, con lo cual podrán iniciar operaciones en un plazo no mayor a 30 días naturales.

Condiciones para acceder al beneficio

No todos los proyectos pueden acogerse a este esquema de aceleración. Las empresas deberán cumplir con al menos uno de los tres requisitos: desarrollar su proyecto en alguno de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (como los Polos de la Marina, del Istmo o de la Secretaría de Economía); tener un monto mínimo de 2 mil millones de pesos; o pertenecer a sectores estratégicos definidos en el Plan México[reference:14]. Dentro de estos sectores se incluyen energía, infraestructura tecnológica, químico, electrónico, textil, semiconductores, aeroespacial, farmacéutico y automotriz[reference:15]. Las empresas que cumplan estos criterios recibirán autorización inmediata, lo que reduce el tiempo y costo de espera y genera certidumbre para iniciar la producción[reference:16].

Nuevo modelo para abrir negocios: menos requisitos y respuesta inmediata

La Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles representa un cambio radical en la apertura de micro y pequeñas empresas[reference:17]. Con esta herramienta, los requisitos para abrir un negocio se redujeron de 63 a solo 10, una disminución del 84%. El tiempo de resolución cayó de 60 días a ser prácticamente inmediato, y la apertura puede realizarse en menos de 24 horas, pagando derechos de manera electrónica[reference:18]. El nuevo modelo simplifica el esquema al pasar de siete licencias a seis avisos y una licencia, lo que significa que la empresa notifica el inicio de actividades mientras la autoridad realiza las verificaciones correspondientes sin condicionar la apertura[reference:19]. La plataforma ya está disponible en 71 municipios.

Simplificación histórica en Cofepris

El tercer eje del plan es la transformación de la Cofepris. La dependencia redujo su catálogo de trámites de 340 a 125, los requisitos generales pasaron de 14 a 7, y el tiempo de resolución promedio cayó de 100 a 24 días[reference:20]. En investigación clínica, los plazos se redujeron de 9 meses a apenas 30 días, acelerando el acceso de la población a medicamentos innovadores[reference:21]. En julio de 2026 entrará en operación la Nueva Ventanilla Única de Trámites Cofepris, que arrancará con 17 trámites digitales y brindará una línea de contacto 079 disponible 24/7 para información y quejas[reference:22].

Primeros resultados: 22 proyectos por más de 8 mil millones de dólares

La subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez, informó que la oficina ya ha dado luz verde a 22 proyectos de inversión, que representan un monto superior a los 8 mil millones de dólares[reference:23]. Se trata del primer paquete de inversiones que se beneficiará del nuevo esquema de agilización. La Secretaría de Economía estima que estos proyectos generarán una derrama de empleos directos e indirectos en las regiones donde se instalen, alineados con los Polos de Desarrollo para el Bienestar. Estos resultados iniciales son un termómetro del potencial del nuevo modelo para atraer capital extranjero y acelerar la instalación de empresas en territorio nacional.

Oportunidades estratégicas en el contexto del nearshoring

La creación de la Oficina Presidencial para la Promoción de Inversiones es una pieza central del Plan México, la estrategia de largo plazo del gobierno para capitalizar el fenómeno de relocalización de cadenas productivas (nearshoring)[reference:24]. En un entorno donde las empresas globales buscan destinos con reglas claras y certidumbre jurídica, México apuesta por reducir la llamada “tramitología” que por décadas ha encarecido y frenado inversiones. La digitalización y la simplificación administrativa son dos de los principales activos del país para competir con otras economías de la región. La medición del éxito será la velocidad con la que nuevos proyectos se inscriban en la Ventanilla Nacional Digital y el impacto de éstos en el empleo y la producción nacional.

Cierre editorial

La estrategia del gobierno de la presidenta Sheinbaum es un parteaguas en la forma de gestionar la inversión en México. Al concentrar trámites, digitalizar procesos y establecer plazos máximos vinculantes, se atacan de frente dos de las principales fallas del sistema administrativo: la corrupción y la lentitud. Los resultados son tangibles: 22 proyectos autorizados, miles de empresas con menos requisitos y una Cofepris más ágil.

El reto ahora es expandir este modelo a todos los niveles de gobierno y asegurar que el plazo de 30 días se cumpla sistemáticamente. También será clave que las pequeñas y medianas empresas, el motor de la economía nacional, se apropien de la Plataforma de Establecimientos Mercantiles para formalizar sus negocios. Si la apuesta por la digitalización y la eficiencia se consolida, México habrá dado un paso irreversible hacia un entorno de negocios más competitivo, transparente y justo. La prosperidad compartida comienza con reglas claras y trámites rápidos.

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DHS desmiente que Durazo y Villarreal cuenten con ‘parole’. Sheinbaum celebra aclaración y cuestiona narrativas de “ultraderecha”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos negó formalmente que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, hayan recibido un permiso especial de ingreso conocido como ‘parole’. La respuesta, emitida tras una solicitud de información del diario La Opinión, incluyó los segundos apellidos completos de ambos funcionarios para disipar cualquier ambigüedad. “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso”, señaló la dependencia. Este permiso discrecional permite a extranjeros entrar temporalmente a Estados Unidos sin visa cuando su presencia representa un beneficio público o de seguridad nacional.

Aclaración del DHS tras reporte de LA Times

La controversia se originó el 3 de junio, cuando el diario Los Angeles Times publicó un reportaje en el que afirmaba que ambos gobernadores estaban bajo investigación criminal por presuntos vínculos con el crimen organizado y el robo de combustible (huachicol). El medio también sostuvo que, tras la cancelación de sus visas, se les habría otorgado un “Significant Public Benefit Parole”. Al cuestionar al DHS, La Opinión solicitó una verificación oficial.

La respuesta de la autoridad migratoria estadounidense confirmó que no existe tal permiso especial. El DHS aclaró que solo tres de sus oficinas —USCIS, CBP e ICE— pueden otorgar este tipo de autorizaciones y, tras una revisión exhaustiva, corroboraron que los gobernadores no cuentan con este beneficio.

El ‘parole’: un instrumento excepcional

El ‘parole’ es una herramienta migratoria discrecional que se utiliza en casos excepcionales. Permite a un extranjero considerado inadmisible ingresar o permanecer temporalmente en Estados Unidos cuando su presencia ofrece un beneficio significativo al gobierno, al interés público o a la seguridad nacional. Al aclarar que los gobernadores no cuentan con este documento, el DHS desmiente implícitamente que estén colaborando activamente con las autoridades estadounidenses en algún tipo de investigación o que tengan algún estatus migratorio protegido.

La reacción de Sheinbaum: ironía y señalamientos políticos

En su conferencia matutina del 8 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso y reaccionó con una pregunta retórica: “¿Está buena, no?”. Más tarde, atribuyó la difusión de estas narrativas a “sectores de la ultraderecha” de ambos países, a quienes acusó de buscar deteriorar la relación bilateral y de influir en los procesos electorales de México y Estados Unidos.

Sheinbaum destacó que una institución del gobierno estadounidense haya señalado que no existe tal permiso especial para los gobernadores, ya que esto abona a desmentir “campañas de desprestigio”. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también aseguró no haber recibido ninguna notificación oficial ni sobre una supuesta cancelación de visas ni sobre un ‘parole’.

El reportaje original y las precisiones del periodista

El autor del reportaje, el periodista Steve Fisher, había sostenido en entrevistas previas que, aunque las visas habían sido revocadas, al menos Villarreal habría ingresado a Estados Unidos por un puerto oficial escoltado por funcionarios estadounidenses. Fisher aclaró que no podía confirmar si el mandatario tamaulipeco coopera con alguna investigación. Tras la respuesta del DHS, el periodista ha mantenido su postura, generando una discrepancia entre una fuente confidencial y la respuesta institucional oficial.

Contexto de presión bilateral y estabilidad institucional

El episodio se inserta en un contexto de creciente tensión antinarcóticos. La administración Trump ha intensificado su presión contra el crimen organizado en México y presentó cargos contra diez políticos mexicanos —incluyendo al ex gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya—, lo que ha tensionado la relación. La presidenta Sheinbaum ha descartado que se trate de una postura unificada del gobierno de Donald Trump y ha señalado que medios como The New York Times y Los Angeles Times han construido sistemáticamente una narrativa adversa hacia México.

Cierre editorial

La postura de Estados Unidos al desmentir formalmente la existencia de un permiso especial para los gobernadores Durazo y Villarreal debería contribuir a enfriar los ánimos en el debate bilateral. El hecho de que el DHS haya emitido una respuesta tan precisa demuestra que, al menos en este punto, la versión de los gobernadores y de la administración mexicana coincide con la realidad jurídica migratoria.

El reto ahora es que el clima de desconfianza por filtraciones periodísticas no opaque los importantes mecanismos de cooperación e integración económica que mantienen ambos países. La transparencia, el respeto a las instituciones y la búsqueda de certeza jurídica son los pilares sobre los que debe construirse la relación bilateral en el futuro.

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